Castilla-La Mancha ultima con otras comunidades la creación de un premio de tauromaquia


Desde que el ministro de Civilización, Ernest Urtasun, informara el pasado 3 de mayo de la audacia de su sección de eliminar la tauromaquia de la índice de premios nacionales que otorga anualmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha parado de anunciar su intención de crear unos galardones para esta disciplina con el fin de coger el licenciamiento de esa distinción ministerial para el toreo.

Quien hizo el anuncio, tan sólo unas horas posteriormente de que Urtasun confirmara la asesinato de los Premios Nacionales a la Tauromaquia, no pudo ser otro que el presidente Emiliano García-Page, que adelantó reuniones con el sector taurino para concretar esos galardones en Castilla-La Mancha, a la que se sumaron poco posteriormente reacciones de otras comunidades como la de Madrid o la de Aragón.

Anuncios y más anuncios que todavía no se han concretado en nulo, aunque el vicepresidente segundo de la Unión de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Altruista, ha confirmado este jueves que siguen trabajando con otras comunidades autónomas para crear un premio de tauromaquia, que sitúe a este arte en el «mayor nivel posible».

De este modo, el Ejecutante castellanomanchego «se mantiene en su posición de defensa de la tauromaquia», comentó Altruista en un archivo sonoro enviado por la Vicepresidencia Segunda del Gobierno regional, con motivo de una reconocimiento que hizo al municipio de Reolid (Albacete).

Asimismo, explicó que el premio que creen tendrá «la categoría y el nivel que se exige y sin duda que sitúa el arte de la tauromaquia, lo que tiene que ver con la civilización y con nuestros orígenes y nuestra identidad, en el mayor nivel posible».

Altruista hizo esas consideraciones posteriormente de que la Comisión de Civilización del Congreso de los Diputados haya rechazado este miércoles una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP para recuperar y apoyar el Premio Franquista de Tauromaquia, que fue eliminado en mayo por el Gobierno de España.

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