El Colegio de la Abogaca de Madrid (ICAM) ha solicitado este viernes al Tribunal Superior de Jurisprudencia de Madrid (TJSM) que enve al Tribunal Supremo la causa abierta por la filtracin de datos confidenciales del novio de Isabel Daz Ayuso.
El ICAM, que se encuentra personado en este procedimiento, solicita al instructor que eleve exposicin razonada al Detención Tribunal en presencia de los “indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal común del Estado”.
Se da la circunstancia de que lvaro Garca Ortiz, quien dio la orden de distribuir a los medios de comunicacin los datos reservados de la pareja de la presidenta madrilea, se encuentra aforado en presencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La causa, incoada por un delito de revelacin de secretos, se dirige en la ahora contra la fiscal superior provincial de Madrid, Pilar Rodrguez, y el fiscal de Delitos Econmicos Julin Brinco. Uno y otro se desvincularon ayer de la elaboracin y distribucin de la nota de prensa donde se airearon los detalles del pacto de conformidad que el patrón Alberto Gonzlez Amador estaba negociando con la Fiscala de Madrid.
Tras desvelar EL MUNDO que la orden de remitir a los medios de comunicacin los datos que afectaban al novio de Ayuso, el fiscal común asumi pblicamente la “responsabilidad ltima” de lo sucedido. Adems, pese a que se abstuvo de intervenir en el procedimiento, remiti un escrito al TSJM sealando que la competencia para investigar su actuacin corresponde al Detención Tribunal.
Por su parte, el ICAM -que se enfrent al Servicio Pblico que capitanea Garca Ortiz por su inslita actuacin- ha calificado esa nota de prensa como “una solemne una violacin de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del deporte de la abogaca y el derecho de defensa, al mentar directamente al contenido de las conversaciones habidas y el agradecimiento de hechos, lo que no debera salir nunca a la luz pblica, pues de lo contrario se compromete de forma severa el derecho de defensa y, en definitiva, el derecho a un proceso amoldonado”.
Su decano, Eugenio Ribn, ha subrayado “la empeoramiento de los hechos y la exigencia impedir que vuelva a ocurrir una situacin como esta que afecta directamente a la integridad del sistema sumarial y a la proteccin de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes. La proteccin de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos y este Colegio ser firme en presencia de cualquier vulneracin del mismo”.