El Gobierno ha presentado delante la Corte Internacional de la Imparcialidad (CIJ) los documentos para sumarse a la demanda promovida por Sudáfrica contra Israel por el aventura de holocausto en la Franja de Lazo, apelando entre otras cosas al corte de la ayuda humanitaria, la destrucción de infraestructuras básicas y las declaraciones vertidas por autoridades israelíes.
España sigue los pasos de Nicaragua, Colombia, Libia, México y la propia Palestina, que previamente ya se habían incorporado como intervinientes en un demanda que ha derivado en la retransmisión en dos ocasiones de medidas cautelares por parte de la CIJ, que ha reclamado en vano a Israel frenar su ataque y permitir la entrada de ayuda en Lazo.
El Empleo de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación explica en un comunicado que «España da este paso movida por su responsabilidad» como Estado parte de la de la Convención para la Prevención y la Aprobación del Delito de Holocausto, «por el firme compromiso con el Derecho Internacional y con la tajo de la Corte Internacional de Imparcialidad, apoyando su papel como mayor víscera sumarial del sistema de Naciones Unidas y como avalista de un orden multilateral basado en reglas».
Aspira a «contribuir a que la paz regrese a Lazo y a Oriente Medio», teniendo en cuenta por otra parte que conviene «avanzar» en la opción de dos Estados, ya que a pleito del Gobierno de Pedro Sánchez ésta sería «la única aval para que los palestinos e israelíes puedan convivir en paz y seguridad» y haya «estabilidad en toda la región».
En su solicitud, España alude a su condición de firmante de la Convención contra el Holocausto, un acuerdo que, subraya, «no es sólo un tratado de Derecho penal». «Contiene utensilios claramente vinculados a la protección y la salvaguarda de títulos fundamentales y principios del Derecho Internacional, entre ellos la protección de la dignidad humana y el principio de la rendición de cuentas», por lo que los países firmantes tendrían «obligaciones» que trascienden a la mera persecución penal.
En este sentido, y aunque en el texto dejan claro la «condena inequívoca» de los atentados «brutales, indiscriminados e injustificados» perpetrados el 7 de octubre por Hamás, además se sugiere que hay argumentos que sustentan las acusaciones contra Israel, entre ellas que los palestinos pueden ser considerados un «género» particular, condición para que puedan ser víctimas de holocausto.
Alude, asimismo, a la «crisis humanitaria sin precedentes» en la Franja de Lazo y al hecho de que el «corte» impuesto por Israel está derivando en una situación que «podría» estar contemplada en la citada Convención, en particular el artículo que penaliza «destruir, en todo o en parte, a un género franquista, étnico, étnico o religioso».
Las palabras de Katz
En cuanto a la «intención», condición ‘sine qua non’ para que exista un delito de holocausto, la solicitud española considera «útil» tener en cuenta declaraciones vertidas por altos cargos israelíes y cita en concreto unas del ahora ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, que en octubre, cuando era responsable de Energía, instó a «toda la población civil de Lazo» a «irse inmediatamente» y prometió que «no recibirán una chispa de agua o una sola pila hasta que se vayan del mundo».
España alude a las medidas provisionales dictadas por las CIJ y en las que hay ya «claras instrucciones» para que Israel «cumpla su obligación de prevención» de un holocausto en Lazo. Unas medidas «vinculantes», reza el texto, en la que se invita a la CIJ a examinar si efectivamente Israel está incumpliendo uno de los pilares de la Convención al desatender la supuesta prevención.