Hace poco más de una término, una jueza de Lugo se propuso amnistiar las alfombras de buena parte de los ayuntamientos gallegos, diputaciones y hasta algún rincón de la Xunta. Con el rumbo de la opinión pública a su amparo, Pilar de Lara ordenó centenares de registros, pinchó decenas de teléfonos y acumuló casi medio millar de imputados, entre ellos, alcaldes de ciudades importantes e incluso un presidente de diputación. Pero la mayoría de las carpetas del desmesurado sumario de la operación Pokemon acabaron apolillándose sin que la mayoría de las piezas llegase a inteligencia. Pocas piezas se salvaron de la combustión. Una que sí llegó a inteligencia es la principal, que se liquidó todavía esta semana en una sentencia de conformidad con penas mínimas. De Lara fue sancionada por su «poco rigor», pero el mal ya estaba hecho: un daño irreparable a decenas de inocentes y carreras políticas dinamitadas.
«La de Pokemon fue una instrucción calamitosa de unas consecuencias catastróficas. Llevo 50 abriles en esta profesión, y me parece la peor instrucción que he sufrido nunca», explica a torrevieja news today Gerardo Viada, abogado del socialista Francisco Rodríguez, corregidor de Orense entre 2007 y 2012. Rodríguez estuvo ocho abriles imputado por supuesto tráfico de influencias, se vio obligado a dimitir y su causa acabó en la papelera sin venir a inteligencia. «Lo detuvieron, lo llevaron esposado al chancillería, sufrió una especie de ictus, y todo acabó en nadie», lamenta su abogado.
El exalcalde de Orense fue una víctima más de una jueza a la que el Consejo Normal del Poder Jurídico (CGPJ) apartó del Magistratura de Instrucción número 1 de Lugo, básicamente por dos motivos: los «retrasos injustificados» de sus investigaciones, y su «desatención», de una «trascendencia extraordinaria», de una causa que no hizo más que engordar y empantanarse sobre su mesa, con la consiguiente indefensión de los investigados, que, como el corregidor orensano, veían hundirse sus carreras.
De Carioca a Pokemon
Todo empezó hace más de una término. De Lara capitaneaba la operación Carioca, una ambiciosa causa contra la explotación sexual de mujeres en varios burdeles de la provincia de Lugo en connivencia con guardias civiles que estaban en el ajo. Por cierto, todavía la Carioca languideció en su chancillería: la aposento principal no se resolvió hasta este mismo mes de junio, en una panorámica exprés con solo cinco procesados y una sentencia de conformidad en la que se pactaron penas mínimas para cuatro de los cinco acusados.
«La Pokemon fue una instrucción calamitosa de consecuencias catastróficas. Es la peor que he sufrido nunca»
Pero entonces, tirando del hilo de la Carioca, la jueza de Lugo decidió desobstruir un nuevo frente e investigar una supuesta trama de corrupción en torno a Vendex, un familia empresarial que prestaba servicios a decenas de ayuntamientos gallegos y del resto de España: aseo, gobierno de aparcamientos, cabria municipal, etc. En ese hábitat habrían proliferado, por ejemplo, las mordidas y los contratos a dedo.
A mediados de septiembre de 2012 Galicia despertó sobresaltada. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), la única policía sumarial en la que confiaba Pilar de Lara, practicaba una docena de detenciones; entre ellas, la del corregidor de Orense (PSOE), la del de Boqueixón (PP), la de varios responsables del familia Vendex, y la del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal de Lugo, el socialista Francisco Fernández Liñares. Era el preámbulo de lo que se convertiría en una macrocausa ingestionable, que sumaba más de 450 investigados, pero que De Lara, con contadas excepciones, se negaba a trocear y derivar a otros juzgados.
La jueza, arropada por una opinión pública que veía en ella a un fuerte vaivén contra la corrupción política, fue acumulando imputaciones, pinchazos telefónicos, seguimientos, entradas y registros. «Tenía una gran popularidad de una parte de la clan que más que Honestidad buscaba echar a los políticos a los leones», consideran fuentes jurídicas adecuadamente conocedoras de la modo de instruir de esta jueza murciana que estaba afincada en Lugo.
«Su chancillería se constituyó en una especie de Audiencia Franquista, investigaba cosas de Orense, de Santiago de Compostela, de Asturias, de La Coruña, una cosa loca. No tenía competencia, pero ella lo hacía», añade el abogado Gerardo Viada. El mismo concepto de «Audiencia Franquista» para precisar las pretensiones de la jueza lo emplea en una conversación con torrevieja news today Esteban Rico, erudito de varios imputados por la ramificación coruñesa.
«La popularidad de Pilar de Lara condicionó todavía a las Audiencias Provinciales y a la Fiscalía. No hubo un control riguroso de sus causas»
Una macrocausa de equiparable envergadura era ingobernable. Pero varias fuentes jurídicas consultadas por este diario no culpan solo a la terquedad de la exjueza de Lugo: «Esa gran popularidad y consentimiento social condicionó todavía a las Audiencias» Provinciales a la hora de resolver los medios que los investigados presentaban contra sus resoluciones. «Y siquiera la Fiscalía al principio hizo un control riguroso de las causas. Si hubieran recurrido conexo a los acusados, eso hubiera llamado la atención de las audiencias», añade esta fuente.
Colaboradores de la jueza
En definitiva, «el porcentaje de infracción más elevado es de ella, por supuesto, pero tuvo colaboradores: la pasividad de mucha clan contribuyó a que se formara esta macrocausa», insisten las mismas fuentes. Los políticos y empresarios imputados «recurrieron todo lo recurrible –añaden – y las audiencias ratificaban las decisiones que ella tomaba». «No podemos olvidar eso, porque resulta muy obediente culparla solo a ella, pero todavía hubo cooperadores directos que contribuyeron a eso», explican a este diario.
En 2021 –casi una término luego de explosionar la operación–, y con De Lara ya fuera de ocio, su sustituto en el chancillería lucense troceó el sumario principal de Pokémon –algunas partes se habían desgajado antaño– en una treintena de piezas separadas. El nuevo sentenciador seguía la pauta marcada ahora por la Audiencia de Lugo: que en todas las causas esté supuestamente implicado el mismo familia empresarial, no obliga a que se instruya conjuntamente, como intentaba De Lara. Pero una vez cuarteada la aposento, continuaron los problemas para las defensas. «Tuvimos que emprender una peregrinación de chancillería en chancillería por si teníamos alguna causa allí. No se nos notificó nadie», lamenta Rico sobre su periplo por tribunales coruñeses en rastreo de posibles causas aún abiertas.
«Tuvimos que emprender una peregrinación de chancillería en chancillería por si teníamos alguna causa allí. No se nos notificó nadie»
Con todo, lo peor fue la indefensión: muchos estuvieron imputados durante abriles y sus investigaciones se archivaron luego sin venir a inteligencia. Le sucedió, por ejemplo, al presente líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, investigado por su etapa como presidente de la Diputación de Lugo, que en 2016 se vio obligado a apartarse de la primera raya política cuando ya lideraba el partido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo repescó el año pasado –primero, como delegado del Gobierno en Galicia– cuando cayó la última de sus imputaciones.
Sospechas no son pruebas
A la indefensión de permanecer imputado durante abriles en una causa que queda atascada en el chancillería para concluir en la papelera se suma, según coinciden varias fuentes consultadas por torrevieja news today, la inseguridad de los indicios que De Lara creía ver contra ellos: «Hay que distinguir entre lo que es prueba y lo que no lo es, lo que es mera sospecha, que te vale para investigar, pero no te vale para tolerar a inteligencia a nadie».
El 22 de junio de 2014, el entonces corregidor de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, que en las elecciones de 2023 recuperó el cayado de mando, se enteró por la prensa de que De Lara lo había imputado por la operación Pokemon. Le señalaba como receptor de mordidas a cambio de adjudicaciones a Vendex. Todo partía de una impresión en la que Vigilancia Aduanera, como Policía Jurídico, confundió su voz con la de otro José Manuel. De Lara lo imputó, pero al menos en su caso el báratro solo duró unos seis meses, hasta que ella enmendó su error.
Varios de los damnificados por la «anormal» instrucción de la operación Pokemon –la definición es del CGPJ– prefieren producirse página y no rememorar aquel calvario de balde: «Por respeto a mi grupo y a mis amigos, hace tiempo que decidí no salir en ningún medio ni hacer declaraciones. Lo hemos pasado tan mal que lo único que queremos es olvidarnos del tema». Son valoraciones de otro de los políticos investigados, cuyo caso todavía se archivó, y que pide expresamente que su nombre no figure en este texto.
«Fue una crueldad, nos hizo sufrir lo indecible a mí, a mi grupo y amigos, arruinó mi carrera política»
José López Orozco
Exalcalde de Lugo
El socialista José López Orozco fue durante casi 16 abriles corregidor de Lugo. Gobernó en solitario hasta 2015, pero tras las elecciones de ese año necesitaba el apoyo de otros partidos para revalidar el mandato: no se lo dieron por su imputación en la Pokemon. De Lara lo mantuvo como investigado durante una término, hasta que en 2022 decayó la última imputación: «Fue una crueldad, sabiendo que había informes de los fiscales que decían que no había nadie. Pues ni caso. Nos hizo sufrir lo indecible a mí, a mi grupo y a mis amigos, y arruinó mi carrera política», dice el exalcalde, ya retirado, en una conversación con este diario.
Alguna aposento de la Pokemon sí llegó a inteligencia: la principal, relacionada con la cabria municipal de Lugo entre los 2004 y 2006, se ha cerrado esta misma semana con penas mínimas. Entre los condenados, Francisco Fernández Liñares, entonces concejal en Lugo. De Lara Lara contempla el desenlace de Pokemon en la distancia: desde un chancillería de Ponferrada (Audaz), donde se afana en la defensa de los derechos de los animales.