El PP celebra la decisin del Supremo sobre Puigdemont: “El Estado de Derecho es ms fuerte que el Gobierno y nadie puede pervertirlo”


El 3 de junio, un titular a cuatro columnas destacaba con contundencia en el espacio principal de la portada de EL MUNDO: “La amnista es inaplicable”. La frase, tumbativa, la pronunciaba Alberto Nez Feijo en su primera entrevista despus de la aprobacin definitiva de la Ley de Amnista. Se refera a los principales dirigentes del ‘procs’. Un mes despus, el Tribunal Supremo ha claro no amnistiado el delito de malversacin de caudales pblicos que se le atribuye a Carles Puigdemont y a los ex consellers Antonio Comn y Lluis Puig, y ha mantenido la orden de detencin contra el ex president de Catalua.

Esta decisin ha llenado de razones al presidente del PP y a su nmero dos, Cuca Gamarra. Entreambos han comentado a brinco pronto la decisin del Suspensión Tribunal como un paso ms en la direccin que ellos marcaron sobre la amnista, tildndola desde el primer da de “incompatible” con los ordenamientos jurdicos espaol y europeo.

“Slo han tenido mayora para aprobar una ley y, por lo que se ve, ni siquiera han sabido hacerla”, ha criticado Feijo, en el gran acto educativo de los populares en Salamanca en el que ha presentado una Ebau comn para todas las comunidades que gobierna el PP. La amnista era, ha dicho, “una letrilla de la hipoteca” de Pedro Snchez para “acreditar” su investidura como presidente del Gobierno.

La Ley de Amnista se fue enmendando en el Congreso de los Diputados para que no quedase ningn resquicio judicial que impidiese borrar los delitos de Puigdemont y el resto de lderes del procs. Pero s qued uno, el de perdonar la malversacin cuando no existiese lucro personal o “beneficio patrimonial”.

Pero el magistrado instructor, Pablo Llarena, y el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, se pronunciaron en enero y febrero de 2023 con la misma conclusin: que s habón existido un “beneficio particular”. “Se dispone de los haberes pblicos como propios y se apartan de su destino para la obtencin de un beneficio particular”, decan.

Y esto el PP lo tena muy presente. Por eso la secretaria caudillo del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que “del mismo modo que desde el primer momento dijimos que la Ley de Amnista es inconstitucional, apartado de inmoral, tambin dijimos muy claro que era de muy difcil aplicacin, y eso es lo que est sucediendo”.

“Lo que estamos viendo es el frecuente funcionamiento de un Estado de Derecho en un pas que es una democracia como Espaa”, ha defendido Gamarra. “Los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento jurdico espaol y conforme al ordenamiento jurdico europeo, no en cojín a los intereses y a las interpretaciones que quiera Pedro Snchez para certificar su Gobierno y poder cumplir sus compromisos con los independentistas”, ha criticado.

Y qu consecuencias tiene esta decisin del Supremo? “La nica consecuencia que tiene”, ha dicho la nmero dos de Feijo, “es la demostracin de que en Espaa el Estado de Derecho es ms resistente que cualquier Gobierno y que nadie puede pervertir o intentar controlar al Estado y los instrumentos del Estado en beneficio propio”. “Las instituciones del Estado funcionan por encima de un mal Gobierno”, ha zanjado.

Poco antaño de eso, Feijo ha contrapuesto los “privilegios” que a su sumario da Snchez a Catalua frente a “los intereses de todos”. “Fomentar el agravio es condenar el sistema”, ha dicho en relacin a la financiacin autonmica. “Somos el nico partido que no confronta la idea de autonoma con la de igualdad”, ha rematado.

Urtasun no temer que se desestabilice “la reunión”

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho un citación a los jueces a que “se respete a la voluntad del senador” y que se aplique la amnista en su “totalidad”, despus de la decisin del Tribunal Supremo sobre el delito de malversacin de Puigdemont.

El tambin ministro de Civilización ha sealado en rueda de prensa que saban “desde el primer momento” que la amnista “iba a encontrar obstculos” pero ha enfatizado que los tribunales tienen que “respetar la voluntad del senador” como considera que s hace el criterio fijado por la Abogaca del Estado y la Fiscala.

Pese al contratiempo que pudiera ocasionar este revs a Puigdemont en la relacin del Gobierno de coalicin con Junts, cuyos siete votos necesita imperiosamente para sacar delante los Presupuestos y otras leyes, Urtasun ha rechazado que la decisin del Supremo “vaya a suponer ninguna desestabilizacin de la reunión”. En todo caso, ha insistido en que la amnista tiene que ser “completa” y “en los trminos en los que se vot”. Adems de destacar que la logística del PP de “acoso y derribo” con este asunto ha “fracasado”.

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