La jueza de lo Penal número 14 de Madrid ha absuelto a Miguel Donosura Frontera, acentuado de perseguir a la comunidad Pablo Iglesias e Irene Montero en su domicilio de Galapagar (Comunidad de Madrid), de varios delitos de injurias graves y de acoso respecto al exvicepresidente del Gobierno y la exministra de Igualdad al situar los ‘escraches’ en los que participó durante siete meses en el contexto temporal y político de la pandemia del coronavirus.
Así consta en una sentencia, a la que ha tenido entrada EP, en la que la jueza le exonera de un delito continuado de injurias graves respecto a Montero por prescripción, así como de los delitos de descubrimiento de secretos, coacciones, acoso e injurias graves con publicidad a la autoridad y contra las instituciones del Estado en relación a Iglesias.
El ahora absuelto afrontaba una petición fiscal de tres abriles de prisión por acoso e injurias a la pareja. La denuncia particular solicitaba un año y medio de calabozo para el procesado.
En el entendimiento, Iglesias y Montero relataron la situación de «angustia» y «estrés» que soportaban a diario con insultos a diferentes horas del día, lo que cesó en diciembre de 2020 hasta que intervino un magistratura.
En la argumentación, la jueza expone que las concentraciones en el domicilio de Iglesias arrancaron ayer de que Miguel Frontera acudiera a las mismas y se mantuvieron tras la medida cautelar que le impidió asistir a las protestas por la papeleo del Gobierno en relación al Covid, por lo que continuó «el ruido y las molestias que dichas concentraciones generaban».
El contexto del Covid
La magistrado afirma que a pesar de que la denuncia particular situaba a Frontera como el instigador de las protestas en la vivienda, no hay corroboración periférica alguna más allá de lo que manifestaron los querellantes, por lo que no ha quedado acreditado.
Considerando como lo sucedido como un «escrache», la jueza recalca que en este caso hay que tener en cuenta «el contexto temporal y político en el que se produjeron los hechos tras la suspensión del derecho fundamental de circulación de las personas» por la pandemia, que en aquella época vivía sus peores momentos.
Así, expone que las alegaciones del acentuado en el entendimiento de que sólo pretendía protestar contra la política del Gobierno en relación a la gpuestión de la pandemia no se eden considerar «ni absurdas ni arbitrarias».
Conforme a las declaraciones de los agentes de la Custodia Civil que testificaron en la perspicacia, descarta que el absuelto tuviera intención de guardar a los querellantes, lo que considera «irrealizable al existir vigilancia en la vivienda durante 24 horas» y existir un perímetro de seguridad que fue ampliado. De igual modo, no considera probado que Frontera tuviera intención de contactar con ellos o «despabilarse su cercanía física».
Nerviosismo de la vida llano de Iglesias y Montero
El fiscal mantenía que el acoso que ejerció el denunciado arrancó en mayo de 2020 y provocó una cambio de su vida llano diaria y de sus actividades «derivada de los ruidos constantes en horarios de refrigerio de niños de corta época, así como inconveniente de movimientos en compañía de los menores«.
En las conclusiones, la fiscal aseveró que el procesado «traspasó la diámetro que sitúa la conducta en delito», manifestando que incurrió en injurias graves al cincelar y transmitir imágenes de la vivienda. A su entendimiento, este comportamiento excedía la dispensa de expresión y supone unas injurias continuadas.