El PSOE y el PP difieren en la intrepidez del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de remisión al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. A posteriori de que el magistrado Llarena anunciara que el exmandatario quedaba fuera, se ha producido una oleada de reacciones. Unas llegaban por parte de sus socios independentistas, otras del banda de los socialistas y otras desde la competición.
La Sala de lo Penal del Supremo ha decidido no aplicar la remisión a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el ‘procés’, entre ellos, Carles Puigdemont o el exvicepresidente Oriol Junqueras (ERC). Considera que el delito de malversación no se puede perdonar en este procedimiento.
Los socialistas discrepan de algunos de los argumentos que han transmitido los magistrados y hablan de consideraciones políticas “sorprendentes”. En cambio, para el Partido Popular la intrepidez del Supremo demuestra que el Estado de Derecho está por encima de cualquier gobierno.
“No puedo darle una valoración sobre lo que ha pasado, sobre futuribles y sobre cómo puede afectar (a las negociaciones para la formación de Govern en Cataluña). Entiendo que nadie, porque son procesos diferenciados”, ha claro la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, en una rueda de prensa en Ferraz. Además cree que esto no afectará a la formación de Govern en Cataluña.
Los socialistas han mostrado su respeto por las decisiones judiciales aunque han señalado que discrepan con los argumentos de la intrepidez y critican al Detención Tribunal por las “consideraciones políticas” que ha hecho, a su proceso “sorprendentes e innecesarias para la costura territorial que tienen encomendada”.
“En el ámbito político y no procesal donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas”, dicen fuentes del PSOE, según recoge ‘EFE’.
Sobre el contenido de las resoluciones, han recordado que el artículo 1.4 de la ley de remisión afirma que “no se considerará beneficio la aplicación de fondos públicos” en los casos de la celebración de consultas en Cataluña, cuando “no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.
Además han asegurado que su confianza en el Estado de derecho es “absoluta” porque España “es un sistema garantista, que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales”.
Desde Ferraz han pedido calma y prudencia para ver qué existencias políticos tiene la postura del Supremo sobre la remisión.
“La intrepidez es el habitual funcionamiento del Estado de Derecho”
El PP considera que la intrepidez del Supremo de no aplicar la remisión a Puigdemont es “el habitual funcionamiento del Estado de derecho“.
“Los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento judicial castellano y conforme al ordenamiento judicial europeo, no en cojín a los intereses y las interpretaciones que quiera Pedro Sánchez para certificar su Gobierno y poder cumplir sus compromisos con los independentistas y con sus socios de Gobierno”, ha dicho la secretaria común del PP, Cuca Gamarra. “La única consecuencia que tiene esto es la demostración de que en España el Estado de derecho es más esforzado que cualquier Gobierno”, añade.
“Las leyes y el Estado de derecho tienen fortaleza y están por encima de los gobernantes incluso cuando intentan aplicarlas y utilizarlo para mantenerse en el poder a cualquier precio. Esta es una buena anuncio para los españoles, ver cómo las instituciones del Estado funcionan por encima de un mal Gobierno”, manifiesta Gamarra.
PNV considera que es una “interpretación restrictiva”
El PNV ha considerado que la “interpretación restrictiva” que ha hecho el Tribunal Supremo va contra el “espíritu” con el que el Poder Parlamentario redactó y aprobó la ley de remisión y consideran que “en ilimitado contribuye a la desjudicialización de la política ni a la normalización de la situación política en Cataluña”.
“Lamentamos que esta Ley, que nació con un espíritu claro y un propósito inequívoco por parte de los partidos políticos que la impulsamos y apoyamos en el Congreso de los Diputados y el Senado, donde reside la soberanía popular, se vea ahora interpretada de un modo restrictivo por parte de la Honestidad, colocando un nuevo obstáculo en el camino que se pretendía transitar en torno a la normalización y el diálogo”, ha expresado.
El Supremo no remisión la malversación
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado perdonar el delito de malversación que atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont y a dos exconsellers y, por otra parte, mantiene vigentes las órdenes de detención.
Llarena no perdona la malversación a Puigdemont, Comín y Puig porque entiende que sus comportamientos incurren en las dos excepciones previstas en la ley: que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la UE.
Explica que los procesados tenían la disponibilidad de los fondos públicos confiados al Govern y que la utilizaron para hacer frente a los costes inherentes al referéndum del 1-O.
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