El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el caudillo de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye han presentado este martes una querella contra el titular del Judicatura de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
La querella, presentada en presencia de el Tribunal Superior de Probidad de Cataluña (TSJC), califica de «arbitraria, estrafalaria e injusta» la tolerancia de una aposento separada ordenada por Aguirre sobre la supuesta trama rusa del ‘procés’ independentista, con la que se pretende imputar un delito de traición al expresidente de la Generalitat, lo que quedaría fuera del paraguas de la Ley de Remisión.
Los querellantes solicitan como medida cautelar el cese provisional del magistrado en la investigación que se sigue en el magistratura y que atribuye a Puigdemont, Alay y Boye un delito de traición que no estaría incluido en la Ley de Remisión, informa Ep.
La querella se presenta un día posteriormente de que se filtrasen unos audios en los que el mediador comentaría que la ley de Remisión (en su primer trámite parlamentario) se habría tumbado por su gala y diciendo que al Gobierno de Pedro Sánchez le quedarían «dos telediarios alemanes», por la remisión a su entrevista en una televisión de Alemania.
Encima de la denuncia de Puigdemont, el expresidente de la Generalitat Artur Mas igualmente ha interpuesto este martes un apelación de apelación contra lacitada aposento separada abierta por el mediador Aguirre. En el escrito, se recuerda que es la primera vez que el expresidente es investigado en unas diligencias que se abrieron hace más de 8 abriles y que han cedido área a piezas separadas que tilda de «desaguisado y sudoku procesal».
«La desatiendo de criterio y de rigor en la tolerancia de piezas separadas, algunas de las cuales han sido absolutamente paralizadas hace abriles, ha conducido a que la propia Audiencia Provincial de Barcelona haya evidente la conclusión de la grado de instrucción en muchas de ellas», reza el apelación. Sin incautación, sostiene que el mediador ha intentado «defender el fraude procesal utilizando una aposento ya creada y olvidada» para desplegar una segunda aposento.
Sobre el supuesto delito de traición, el apelación apunta que el mediador instructor, en la aposento separada, «no sabe muy acertadamente en qué delito encuadrar los presuntos hechos que investiga», por lo que no se debería poseer hendido ninguna investigación.
Sobre la malversación, el escrito sostiene que «no se dedica ni una sola dirección a explicar qué activos patrimoniales públicos habría tenido a su cargo en el momento de los hechos investigados» Artur Mas, que encima abandonó su condición de autoridad en enero de 2016, cuando renunció tanto a la presidencia de la Generalitat como a su escaño como diputado.