El Gobierno saba que en el camino habra piedras. Pero no por ello, esas piedras hacen menos dao. Una vez que el Gobierno pact con ERC y Junts la Ley de Amnista y la aprob el Congreso, cmo interpretar y aplicar la norma quedaba en manos de los jueces. La decisin del Tribunal Supremo de no aplicar la amnista al delito de malversacin que se imputa en la causa del procs a Puigdemont, no ha gustado en el Gobierno. Se miden mucho las palabras. Se muestra “respeto” por la decisin y se evita ir al choque. Pero se sugiere que hay jueces que no estn interpretando la norma como ellos querran.
“El texto de la ley es muy claro y la voluntad del diputado es tan clara como el texto de la propia ley”, ha expuesto Pilar Alegra, portavoz del Gobierno, tras la reunin del Consejo de Ministros. “Lo que tienen que suceder es que los jueces apliquen la ley”. Es proponer, sin decirlo se desliza que hay jueces que no la estn aplicando. Por ejemplo, el Supremo con su decisin.
En La Moncloa evitan ser tan claros y directos como el PSOE, que acus al Supremo de meterse en el ámbito de la poltica con consideraciones “sorprendentes e innecesarios”. Pero no dudan en recapacitar que la amnista fue aprobada por el Congreso, “con una mayora clara” y que se alcahuetería de una ley “aprobada con una voluntad clara y que ahora corresponde a los jueces aplicar”.
Mientras La Moncloa escoge sus palabras para proponer sin querer proponer, para trasladar un mensaje pero midiendo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Daz, tom la palabra tras la reunin del Consejo de Ministros a iniciativa propia para expresar su opinin sobre las decisiones judiciales. Para la lder de Sumar “pasan cosas extraas en nuestro pas”, en alusin a las ltimas decisiones de los jueces.
Para censurar el coche del Supremo rechazando aplicar la amnista en la malversacin record que “el Consejo Caudillo del Poder Contencioso emiti informes para los que no tena competencias o incumpla su ley pronuncindose sobre normas que no existan”, en alusin a la tramitacin de la amnista.
Choque con el PP por el Constitucional
“Si viniramos de un pas mañana y observsemos lo que se est haciendo desde rganos ejecutivos del poder procesal nos sorprenderamos”, ha reflexionado la vicepresidenta segunda, que ha pronunciado al PP de querer politizar la Imparcialidad escogiendo al vocal conservador Jos Mara Macas como magistrado del Tribunal Constitucional. Un nombre pactado con el PSOE en el situación del acuerdo para el Consejo Caudillo del Poder Judicial. Esto es, un candidato que cuenta con el plcet socialista.
Fuentes del Gobierno matizan que la voz autorizada del Gobierno en las ruedas de prensa es Alegra y no Daz. “Ms all de que haya nombres que puedan agradar ms o menos, nadie pone el duda la legalidad del Constitucional. El Gobierno no la pone en duda”.
Y es que pese a deber cerrado hace una semana el pacto para renovar el Poder Contencioso, Gobierno y PP han chocado de nuevo por la Imparcialidad, en este caso por el Constitucional. En una entrevista en Onda Cero, Alberto Nez Feijo ha deslegitimado la credibilidad de este rgano, al sealar que est “trufado de cargos polticos” y con un presidente “con referencias que no tranquilizan”. Asimismo, ha experto a Snchez de que si quiere profundizar en la independencia del TC, debera pedir la dimisin de los magistrados que son, respectivamente, ex ministro de Imparcialidad y ex detención cargo de La Moncloa.
Unas reflexiones que no han gustado en el arduo presidencial, donde piden una rectificacin. Para Alegra, las afirmaciones del lder del PP son de “extrema pesantez porque ponen en cuestin la legalidad e imparcialidad del TC”. Acusan en el Gobierno al poltico gallego de “estar constantemente poniendo en cuestin la legalidad de las instituciones del pas” y le piden que “rectifique de modo inmediata” porque, entienden, son palabras que “atentan contra el estado de Derecho”.