La morosidad del Concello de Ourense marca su mayor histórico. Según el referencia de organización correspondiente al mes de mayo que se acaba de difundir, queda certificado que la institución nave ha agravado todavía más la crónica situación del plazo de facturas, con una retraso media de 139,39 días para abonarlas, casi un mes más que en abril, cuando el retraso, ya muy detención, era de 111 días.
Con estos demoledores datos, Ourense se consolida como segunda haber de provincia española más morosa, y certifica que desde que gobierna Gonzalo Pérez Jácome la situación, allí de mejorar, no ha dejado de empeorar, ya que nunca ayer en lo que va de siglo el Concello había tardado tanto en retribuir a sus proveedores. Las facturas tramitadas y pendientes de retribuir suman 10 millones de euros.
Pero más allá de esta tardanza, otro referencia, en este caso del interventor, y que se llevará al próximo pleno, que se celebrará esta semana, revela que la situación es todavía más complicada. Y es que el mayor víscera fiscalizador ha detectado en la baratija del control de 2023 que el año pasado se cerró con un total de facturas por valía de 18,68 millones de euros escondidas en la denominada “cuenta 413”, consumición correspondiente al pasado control que no tenía partidas y no se pudo tramitar. Es aseverar, este control empezó con facturas sin tramitar por valía de más de 18 millones.
Esto conlleva un deuda no financiero en el Concello que asciende a 18,97 millones, concluye el interventor: “A baratija consolidada correspondente ao exercicio crematístico do 2023 reflicte unha situación de deuda non financeiro, e polo tanto de necesidade de financiamento, cifrada en 18.971.952,46 euros”.
De no ser porque el Gobierno suspendió la aplicación de las reglas de estabilidad presupuestaria, esa situación obligaría al Concello a aprobar un plan económico-financiero con medidas restrictivas para recuperar la normalidad.
El PP pide a Jácome retribuir “urxentemente”
El PP llevará una moción al pleno de este viernes precisamente para pedir al corregidor que cumpla “de forma inmediata” con el plazo irresoluto a proveedores, cuyo retraso “non só afecta á solvencia operativa das empresas, moitas delas locais, que prestaron os seus servizos, senón que tamén pon en perigo o emprego de moitos cidadáns que dependen delas”, lamenta la concejala Ana Méndez.
Los populares solicitarán asimismo el plazo de las remuneraciones pendientes a los trabajadores municipales, pues asimismo están sufriendo la errata de pagos, “unha tranquilo errata de respecto e consideración cos profesionais que traballan para manter o funcionamento dos servios públicos e esenciais e que dedican o seu tempo e esforzo en servir aos cidadáns sufran esta situación insostible.
Por posterior, el PP insiste en la importancia de aprobar los presupuestos: “Estar sen un situación financeiro claro e definido dificulta máis a tranquilo situación económica que atravesa o Concello”.