La Generalitat Valenciana ha abierto una investigación sobre la celebración de un evento taurino para personas con acondroplasia el pasado 9 de septiembre en la localidad de Casinos, tras recibir una denuncia formal de la Fundación Franz Weber. En el cartel de las celebraciones, un evento con “enanos toreros”.
La portavoz del Consell, Ruth Merino, confirmó que se estudiará la demanda contra el acto taurino porque es contrario a las regulaciones estatalesen concreto el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.
Merino ha afirmado que en la autorización dada por el Departamento de Justicia no se detallaba que se iban a realizar este tipo de eventos porque, si no, «lógicamente no hubiera sido autorizado“, señaló. “Se estudiará lo ocurrido y, en su caso, se abrirá el expediente correspondiente y se atenderá la denuncia”, afirmó el portavoz del Consell.
Por su parte, la Fundación Franz Weber recordó en un comunicado que el citado decreto señala “la prohibición de espectáculos o actividades recreativas en las que estén acostumbradas personas con discapacidad o esta circunstancia”. provocar el ridículo, la mofa o el ridículo por parte del público “de manera contraria al respeto debido a la dignidad humana”.
Los naturalistas sostienen que durante los últimos meses tanto el Congreso como el Senado ratificaron por mayoría la enmienda, que de facto prohibía la convocatoria de “la espectáculos taurinos cómicos mal llamadoscuyo desarrollo busca hacer reír al público sobre las personas con acondroplasia.
La fundación consideró “severidad extrema la presunta autorización de la Generalitat Valenciana” y ha apuntado que la reforma legislativa “fue la culminación de varios años de denuncias y presiones por parte de entidades que atienden a personas con diversidad funcional como la Asociación Nacional de Problemas de Crecimiento, la Fundación ALPE Acondroplasia, ADEE España, Afapac o CERMI. De hecho, en los últimos meses Extremadura, Región de Murcia, Andalucía y Castilla y León negaron actos similares basándose en los argumentos jurídicos que vetan estas “prácticas degradantes”.