Trece detenidos en una operación de la Guardia Civil contra la explotación de personas


La Guardián Civil, en el entorno de la operación ‘Bomvoyage’, ha detenido a 13 personas e investigado a otras 6, pertenecientes a una ordenamiento criminal internacional dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular a través de procedimientos de contratación en origen (contingentes Gecco), así como de explotación gremial, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas.

Así lo han anunciado este miércoles la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, y el coronel caudillo de la Comandancia de la Guardián Civil de Albacete, Jesús Manuel Rodrigo, durante una rueda de prensa celebrada en Albacete, tal como ha trasmitido la Delegación del Gobierno por nota de prensa.

«Se ha desarticulado una bandada criminal que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad, desconocimiento del idioma y de las ilusiones de personas que vinieron a España engañadas en rastreo de una vida mejor«, ha señalado la delegada del Gobierno, quien ha añadido que no sólo esquilmaron a las víctimas los pocos bienes de que disponían, »una vez aquí eran tratados sin ningún tipo de humanidad y obligados a trabajar y a alojarse en condiciones deplorables«.

La operación se inició, cuando la Guardián Civil detectó posibles irregularidades en la dirección de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo a través de dirección colectiva de contrataciones en origen (Gecco) de una empresa agrícola ubicada en de Hellín (Albacete).

Continuando con las investigaciones, se pudo vigilar que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estaba amañado y que los seleccionados habrían pagado entre 4.000 y 6.000 euros.

Asimismo, los agentes pudieron constatar, que una vez que llegaban las personas, si no querían cumplir el convenio o no querían regresar a su país, la ordenamiento les ofertaba vivienda y trabajos agrícolas precarios e incluso la regularización administrativa.

Para ello, la ordenamiento les cobraba entre 4.000 y 12.000 euros.

De esta guisa aprovechaban la derecho de la inclusión de las personas para hacerlo de forma ilícita. Se han detectado más de 300 posibles casos en los últimos 3 abriles.

Asimismo, para aquellos que sí querían trabajar, les explotaba laboralmente ya que la ordenamiento, aprovechaba la situación de vulnerabilidad de los migrantes para obligarles a extenuantes jornadas de trabajo y aplicarles múltiples deducciones ilícitas de su sueldo quedando el salario en al punto que 200€ mensuales.

Igualmente, les obligaban a firmar documentos desconociendo completamente su contenido e incluso a contratar servicios bancarios o de telefonía para así ellos obtener comisiones.

Por otra parte, la ordenamiento igualmente hacía negocio con los alojamientos de estos contingentes, alquilando instalaciones hoteleras o grandes fincas con suscripción capacidad de alojamiento, aisladas y en desuso, alterando los contratos para inflar los precios y así obtener mayores subvenciones públicas.

Captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España La ordenamiento criminal, tenía una amplia estructura con funciones diferentes.

Contaban con asesoramiento forense, captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España, mientras los cabecillas igualmente ejercían de «facilitadores» en tales países a través de una intachable reputación frente a las autoridades públicas.

Los agentes, han podido constatar el supuesto cobro de comisiones ilícitas a migrantes-trabajadores de contingentes de Senegal y Marruecos y su posterior explotación gremial en una gran empresa agrícola de Hellín (Albacete), encima de otras actividades que daban cobertura tanto a la explotación gremial como a diversos fraudes en subvenciones y seguros agrarios.

Migración circular y Gecco

La migración circular es un procedimiento europeo de contratación de personas en terceros países para cubrir puestos de trabajo temporales en la Unión Europea, regresando a su país al finalizar la campaña en un proceso migratorio regulado.

Su aplicación en España se realiza, entre otras fórmulas, a través de la dirección colectiva de contrataciones en origen (Gecco), en el que una empresa ofrecimiento puestos de trabajo para que extranjeros, tras tener lugar un proceso de selección, vengan a España de forma totalmente judicial y con un trabajo asegurado.

El patrón asume todos los gastos de transporte, alojamiento, manutención y amparo sanitaria, y por ello puede optar a diferentes ayudas o subvenciones del Estado.

Registros y pertenencias intervenidos

En la primera período de esta operación se han realizado tres registros en la villa de Hellín (Albacete), y otro en Alhama de Murcia (Murcia), donde se incautó profuso documentación, material informático y tecnológico, así como productos financieros entre los que destacan el interrupción de 15 cuentas bancarias.

En una segunda período, la Guardián Civil y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete realizaron una inspección conjunta tanto en la empresa como en los alojamientos, pudiendo constatar indicios de explotación gremial y de los derechos básicos de cualquier trabajador.

Durante la inspección y en las entrevistas mantenidas con los inmigrantes, se pudieron constatar los cobros indebidos, el aislamiento e insalubres condiciones de vida en los alojamientos, incluso la desatiendo de alimentos.

Estructura Internacional para las Migraciones (OIM) Por tal motivo, se realizó un procedimiento de necesidad para satisfacer sus deyección básicas en el que ha participado la Estructura Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas para la promoción de la migración que colabora con el Ocupación de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La Guardián Civil en colaboración con la Subdelegación del Gobierno de Albacete, sigue investigando contratos y expedientes de personas en situación irregular en diferentes provincias.

De igual guisa, se investiga próximo con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, contratos fraudulentos a personas en situación irregular en España.

Asimismo, igualmente se ha contado con intermediadores culturales de sindicatos de trabajadores de la provincia de Albacete, como es el caso, entre otros, de UGT.

La operación ha sido desarrollada por efectivos del Orden de Información (GIC) de la Comandancia de la Guardián Civil de Albacete, en colaboración con el GIC de Murcia y de la Superioridad Central de Información (UCE3) y dirigida por el Tribunal de Instrucción nº 3 de Hellín (Albacete)

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