Las sentencias del Tribunal Constitucional que han revisado ya la aplicación de los delitos de prevaricación y malversación en el caso de los ERE y que han supuesto ya anulaciones de condenas y las primeras excarcelaciones están llevando a PSOE y a PP a fijar posiciones de máximos, a desdibujar los límites de la política andaluza de los últimos abriles y a revivir los episodios de máxima tensión que se han vivido en la política autonómica en las últimas décadas.
Para el PSOE-A, a posteriori de quince abriles de condenas, penas de prisión y una crisis política de efecto doméstico, las dos sentencias del Tribunal Constitucional, y sobre todo, el planteamiento que de ellas se extrae y que será aplicable en el resto de posibles de amparo, se han convertido en un excusa y en una plataforma para reescribir el relato sobre este caso que se ha venido consolidando a lo dilatado de los últimos abriles especialmente a raíz de las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo.
Y a partir de ahí, con esta cojín que tiene como sustento las sentencias del Constitucional, el aventura es que desaparezcan los límites. Que no haya matices ni grises. La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, señaló a Juanma Atezado como responsable de la «longevo partida que se ha producido en la política española» y cuestionó abiertamente su arribada a San Telmo tras las elecciones de 2018 con el apoyo parlamentario de Vox: «El PP nunca hubiera gobernado Andalucía si no es de la mano de la extrema derecha y sin esta partida y montaje político. Limpiamente no gobernarían hoy Andalucía. Se dedicaron a manchar el trabajo del PSOE y la historia del PSOE. Cómo si fueran unos sicarios de la política, que matan políticamente al adversario cuando no pueden con él».
Férriz cuestionó así ese proceso electoral y aseguró que estuvo condicionado por un caso de los ERE que para el PSOE se está desmontando con las sentencias del Tribunal Constitucional. No mencionó la palabra «ilegítimo», aunque al ser requerida por los periodistas sí dejó atisbar que esa era la conclusión de su exposición. Después, ya fuera de micrófonos, lo matizó: «El PSOE no considera ilegítimo el gobierno ni las elecciones».
Los límites políticos asimismo quedaron difuminados a la hora de valorar el papel del PP en el caso de los ERE. «El PP ha sido quién ha señalado y quien ha hecho que parentela inocente esté en la prisión sólo por un interés político. Y Juanma Atezado es el patriarca de la lado que lo ha hecho. Concurrencia que no ha podido meter a sus familiares o con hijos e hijas en terapias psicológicas y que se han tenido que marchar a otras ciudades». El problema, como los propios medios se encargaron de teñir, es que las decisiones judiciales y las penas de prisión han sido adoptadas por la Audiencia de Sevilla y por el Tribunal Supremo. Por más que la incriminación particular del PP haya solicitado penas de prisión, las decisiones, que ahora ha revisado el Tribunal Constitucional, son estrictamente judiciales.
El PP y el Tribunal Constitucional
Las palabras de Ángeles Férriz fueron inmediatamente descalificadas por el portavoz del PP-A, Toni Martín, quien las tachó como las «más delirantes de la historia de Andalucía» y propias de un partido «radical», del «fanatismo político» y de una «pérdida absoluta del meta». «¿Cuestiona la legalidad de un gobierno respaldado por una amplísima mayoría absoluta? ¿El PP es el culpable de que haya dirigentes socialistas en la prisión? ¿En qué punto deja a todos los jueces, los fiscales, la policía, la Guripa Civil, que durante mas de una división juzgaron este caso sin precedentes de la historia de España? ¿Están diciendo que todas las instancias están al servicio del PP?».
El portavoz del PP, Toni Martín
Si para el PSOE-A, todo ha cambiado tras las sentencias del Tribunal Constitucional en torno a un caso que ha afectado el devenir político de Andalucía durante los últimos abriles, para el PP, todo lo contrario. Mínimo ha cambiado. Las consideraciones del Stop Tribunal no son positivamente consideradas válidas. Sigue siendo «el longevo caso de corrupción de la historia de la democracia y una de las páginas más negras de la historia de Andalucía».
El portavoz del PP-A, Toni Martín, quien ya acudió al Parlamento andaluz con la sentencia del caso de los ERE bajo el auxilio en la última sesión plenaria, defendió como la única válida la instrucción realizada en las 134 causas y las 17 sentencias ya dictadas en juicios para ex altos cargos de un gobierno socialista.
Y a partir de ahí asimismo se difuminan algunos límites. El PP-A elevará una proposición no de ley al Parlamento en la que recoge tres consideraciones. La primera entra en el interior del relato político habitual: Respaldar la quehacer del Gobierno de la Acoplamiento de Andalucía para recuperación de los fondos «malempleados» para su propio fin en el caso de los ERE.
Con el segundo punto, el Parlamento, con la mayoría absoluta del PP, dará un paso más: Recordar «a todos los órganos jurisdiccionales o tribunales de honestidad que han permitido investigar, esclarecer, decidir y hacer ejecutar lo juzgados en las conductas ilícitas y punibles de malversación, apropiación indebida, falsedad documental y demás tipos penales». Es opinar, un apoyo adrede a la instrucción y las sentencias de los juzgados, de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo.
Y en el tercer punto, el PP establece un planteamiento casi sin precedentes. Un cuestionamiento del Tribunal Constitucional por parte del Parlamento autonómico, aunque con una redacción enrevesada y llena de matices: «Dados los permanentes ataques que están sufriendo los tribunales de honestidad en sus decisiones y el Tribunal Constitucional en las suyas, en las que se pone en cuestión y en tela de entendimiento su prestigio e independencia respecto del poder político en los por lo que se hace necesario respaldar a estas instituciones públicas para que puedan desempeñar sus funciones, unos sin extralimitarse en la interpelación de la vigencia ordinaria y el otro para que en el examen de la quebrantamiento de derechos fundamentales no se pretenda revisar la valoración de los principios probatorios a través de los cuales se haya podido aparecer a la convicción de una osadía contencioso».