En pleno enfrentamiento entre Gobierno y PP tras las dudas expresadas por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha irrumpido en suceso para alinearse con el Ejecutante y exponer a los populares de difundir desconfianza en las instituciones del país.
En un comunicado la asociación recuerda que el TC «es piedra angular en la cúpula del Estado de derecho que nuestra Constitución define y sanciona. Sus magistrados son independientes e inamovibles (…) Es la fianza de la ciudadanía y de la efectividad de nuestra Constitución. Las imputaciones que arbitraria e intencionadamente se le dirigen no tendrán más resultado que difundir desconfianza y desafecto en la ciudadanía respecto sus instituciones y del Estado de Derecho que la ampara», señala.
Recuerda, encima, que los miembros del Tribunal Constitucional han sido designados «conforme a los procedimientos y las normas previstas para ello con un stop cargo de consenso en las instituciones parlamentarias. Su composición asegura a la intrepidez del Congreso y Senado, el Gobierno y el Consejo Común del Poder Jurídico, que hicieron los nombramientos y se ajustan al situación legítimo que la Constitución y las Cortes han previsto».
«La crítica a la imparcialidad o independencia del Tribunal Constitucional, sin fundamento en hechos objetivos, solo aporta deslegitimación a una función crucial en el Estado de Derecho. Por ello es fundamental que los representantes políticos muestren moderación y coherencia en el respeto a las instituciones, pues el Tribunal Constitucional es el avalista amigo de nuestra Constitución y de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Dice JJpD que la crítica a las resoluciones judiciales es «plenamente legítima», pero no al tribunal que las dicta, «en cuya conformación intervienen quienes dispone la ley, por el procedimiento reglado y con las exigencias que requiere el ordenamiento forense». «Una crítica que socava aspectos fundamentales para un tribunal, como su imparcialidad o independencia, encima de no contestar a más existencia que la subjetiva opinión de quien ve sus particulares intereses frustrados, sólo aporta deslegitimación a una función que resulta crucial en el Estado de Derecho. El interés de unos no justifica destruir las instituciones de todos«. Y añade que murmurar no sus resoluciones sino su composición es una »irresponsabilidad inaceptable«.
No deja de resultar paradójica la encendida defensa de la asociación procesal a las instituciones elegidas «conforme a los procedimientos y las normas previstas para ello con un stop cargo de consenso en las instituciones parlamentarias» con las críticas a las que JJpD ha sometido públicamente hasta su fresco renovación al Consejo Común del Poder Jurídico (CGPJ), otro de los órganos cuya composición estuvo sujeta a las mismas reglas cuando se conformó en 2013. O las presiones promovidas contra sus vocales para forzar su renuncia delante el asedio en las negociaciones los partidos responsable de su renovación.