Tras meses con la promesa de su presentacin, el Gobierno de Aragn ha ratificado su Plan para la Preservacin de la Concordia, para sustituir la derogada Ley de Memoria Democrtica y con el objetivo de “cumplir con los títulos de voluntad, igualdad y respeto” que estn establecidos en la Constitucin.
Este nuevo documento, pese a estar destinado a reemplazar a la norma memorialista aprobada por el Gobierno central, difiere por completo de esta, ya que, en ningún de los 26 folios en los que est organizado se hace la ms mnima relato al rgimen franquista, eje principal de la mencionado ley. S alude, en repetidas ocasiones, a las vctimas ocasionadas por la manada terrorista ETA y hace, de forma constante, una loa a la Constitucin y a los títulos democrticos y de voluntad que en ella se recogen.
El plan establece seis objetivos estratgicos basados, segn ha indicado la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragn, Mar Vaquero, en “tres ejes representados en los derechos fundamentales y los títulos democrticos, el respeto a la dignidad de las vctimas de violencia ideolgica, para lo que se van a promover medidas para sobrellevar a sitio esa localizacin y registro de fosas y la comprensin del pasado y la restauracin de la concordia”.
Entre esos objetivos, la palabra dictadura solo aparece en una ocasin y en plural, al cuchichear del “inspección” a todos aquellos que hayan sufrido violencia ejercida por “regmenes totalitarios o dictaduras, por bandas, grupos terroristas o individuos sometidos a ideologa extrema por motivos polticos, ideolgicos o religiosos”.
En ese sentido, Vaquero ha argumentado que este es un plan “que deje sobre todo de vctimas de violencia ideolgica, no se recoge exactamente ese mbito temporal, sino lo que persigue es ampliar ese ganancia a todos esos aragoneses que han sido vctimas de violencia ideolgica”.
Por su parte, la consejera de Presidencia, Tomasa Hernndez, ha indicado que “no especifican ningn rgimen, porque cuando se deje de fosas, no hace desatiendo ser muy perspicaz para memorizar quien est interiormente de ellas“.
Adems, el escrito insta a “solucionar el paso a los restos de las personas, a la informacin y a la documentacin relacionada con actos violentos por motivos ideolgicos, por parte de quien acredite legitimacin”, de la misma forma que, con este documento, se escudriñamiento “fomentar el conocimiento de la existencia acerca de los episodios y hechos terroristas ocurridos en nuestro pas, como presente correcto a sus vctimas”.
Con la publicacin de este plan, el Gobierno de Aragn mantiene su pulso con el Ejecutante central, que ya anunci que recurrira en presencia de el Tribunal Constitucional la derogacin de la Ley de Memoria Democrtica. Este supone un captulo ms en el enfrentamiento memorialista que ambas organizaciones llevan protagonizando desde hace meses y que lleg a ser analizado por varios relatores de la ONU. La derogacin de la norma mencionado y la aprobacin del escrito, era uno de los puntos esencia del pacto de Gobierno que PP y Vox alcanzaron en Aragn tras las elecciones autonmicas del 28-M.