Casi siete meses a posteriori de su registro, tras la conformación de una mesa por la sostenibilidad turística, y la irrupción de nuevas protestas en zonas de Málaga y Cádiz por posesiones del turismo, el Parlamento andaluz afrontará la próxima semana su primera votación sobre uno de los temas que han traumatizado el curso político: la implantación de una fiscalidad turística en Andalucía.
El debate y votación llegará de la mano del Categoría Delante Andalucía que elaboró una Proposición de Ley a finales del pasado para desarrollar la creación de un impuesto turístico sobre todas las pernoctaciones que se produzcan en la comunidad autónoma cuyos ingresos repercutirían directamente en la Dependencia autonómica, aunque se distribuirían al 50% con los ayuntamientos. Este maniquí, no obstante, no contesta a las peticiones de los principales destinos turísticos que han propuesto en todo momento un situación que diera autonomía a las localidades y que el 100% de la colecta se quedara en los municipios.
La propuesta fija un impuesto de uno a tres euros por pernoctación en un hotel o tierra turístico en Andalucía, y de cinco euros en el caso de los cruceros. Toda la colecta obtenida tendría carácter finalista y se debería destinar a proyectos vinculados con la sostenibilidad o con la vivienda pública. La previsión era obtener en torno a 180 millones de euros al año a través de este nuevo impuesto.
La Proposición de Ley ha acumulado meses en el cajón de la mesa del Parlamento y del Consejo de Gobierno andaluz que en este tipo de iniciativas legislativas tiene la posibilidad (no la obligación) de realizar un crónica fijando la posición del Gobierno autonómico. En este caso, se ha prescindido de esta etapa y no hay un posicionamiento a propósito.
Ya una vez configurada la Mesa por la Sostenibilidad Turística y un situación de diálogo entre la Consejería de Turismo, la FAMP y la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Mesa del Parlamento andaluz ha validado la propuesta de Delante Andalucía que será debatida y votada la próxima semana en el Pleno del Parlamento andaluz.
No obstante, está en manos de la mayoría absoluta del PP en el Parlamento aceptar o no que se inicie la tramitación de este tesina de ley que no supondría en cualquier caso su inmediata aplicación sino el inicio de un proceso amplio constitucional con la elaboración de estudios económicos y técnicos y la comparecencia de agentes sociales.