El Defensor del Pueblo Andaluz insta al Servicio Andaluz de Salud a asegurar anestesia general en los tratamientos de reproducción asistida


El Defensor del Pueblo Andaluz ha instado al Servicio Andaluz de Lozanía (SAS), dependiente de la Consejería de Lozanía y Consumo, a que tome las «medidas necesarias que permitan culminar la implantación homogénea de la posibilidad de delegación de anestésico militar en las técnicas de reproducción humana asistida, en particular en la punción ovárica de fecundación en vitro -FIV- en aquellos centros hospitalarios públicos en los que aún no se ha incorporado protocolariamente».

En una resolución publicada por la Oficina de Jesús Maeztu y consultado por Europa Press, el Defensor defiende que esta medida garantiza que «todas las mujeres tengan camino a una atención médica y de calidad en condiciones de igualdad, reduciendo la ansiedad y el dolor y obteniendo maduro confort y seguridad». «Es indudable y no se pone en cuestión ni por la Sucursal sanitaria ni por los propios hospitales que la sedación hace que la punción folicular sea una intervención más cómoda e indolora para la mujer, adicionalmente de mejorar su seguridad, ya que se garantiza la inmovilidad de la paciente mientras se realiza la procedencia», argumenta el organismo.

Uno de los hospitales que no administra aún la anestésico militar en técnicas de reproducción asistida es el de Jaén, provincia de la que partió la queja que ha cubo oportunidad a la resolución del Defensor. El centro retrete alegaba en su escrito a la Oficina la descuido de anestesistas y remarcaba que sí ofrece anestésico nave, procedimiento «recomendado» por la Sociedad Europea de Reproducción Asistida y Embriología ya que con ella «se obtienen resultados clínicos iguales a los obtenidos con otras técnicas más complejas y costosas».

Según los datos ofrecidos por la Consejería, Andalucía tiene una plantilla estructural de Anestesiología y Reanimación de 837 plazas, de las que tiene actualmente cubiertas 750. Se manejo de una específico «deficitaria, con descuido de profesionales en bolsa, para la que se han hecho convocatorias específicas para atraer a estos facultativos a las zonas donde son necesarios, especialmente, en las denominadas de difícil cobertura», explican las fuentes consultadas por Europa Press. La de Anestesiología es una de las especialidades que «preocupa» a la Consejería de Lozanía y Consumo y al SAS, por lo que «se ha pedido insistentemente al Ocupación que amplíe las plazas MIR y flexibilice los criterios para las unidades de formación».

«No puede obviarse que, como indican varios hospitales, el uso de la anestésico nave ha permitido no atrasarse más los tiempos de retraso para las técnicas de reproducción asistida, procesos que ya acusan de este problema de forma significativa, como esta Institución ha puesto de manifiesto en precedentes informes anuales en presencia de el Parlamento andaluz. No obstante, este argumento no puede emplearse para colocar a las pacientes en la alternativa de nominar entre una técnica que elimina el dolor frente a otra que no, so pena de prolongar la retraso, limitando por consiguiente el camino a la prestación», argumenta Maeztu en su escrito.

El Defensor entiende que «existiendo técnicas que eliminan el dolor innegable que produce» la punción folicular que las pacientes «no puedan apelar a ellas por descuido de bienes humanos resulta cuanto menos cuestionable, razón por la cual la implantación de la posibilidad de delegación de anestésico militar en las técnicas de reproducción asistida, en particular en la punción ovárica, debe culminarse lo antiguamente posible, llegando definitivamente al objetivo de alcanzar la implantación a todas las mujeres a las que deba realizarse esta técnica».

La «descuido de profesionales de Anestesiología», siendo una «formal situación, no debe hacernos olvidar que la implementación uniforme de la sedación en todos los hospitales del sistema retrete conocido andaluz es necesaria para evitar disparidad en la atención a las mujeres que se someten a la misma. La sedación es una utensilio valiosa para mejorar la calidad asistencial y no debería estar sujeta a limitaciones de bienes», concluye el Defensor del Pueblo Andaluz.

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