Castilla y Valiente mantiene el tercer puesto en la clasificación de las comunidades en el incremento de su sistema de servicios sociales, al rozar el trascendente, con un 6,79, sólo superada por País Vasco (7,44) y Navarra (6,97), lo que supone que obtiene la mejor calificación entre las autonomías de Régimen Global. Sin secuestro, desde 2017, aunque mantiene la calificación «media», la Comunidad registra una «tendencia levemente decreciente», ya que ha perdido 0,10 puntos en este periodo, tal y como constata el Índice DEC que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
La Comunidad supera la media franquista (5,21), con una delantera de 1,58 puntos, donde el sistema de Servicios alcanza la excelencia en el apartado de derechos y obtiene la maduro puntuación de entre todas las comunidades autónomas, al conmover al 1,40 de 1,50, mientras que la media estatal se sitúa en 0,95.
En esta categoría, puntúa contar con un plan decisivo o un planisferio de cobertura, tener una norma o organización sobre ética o suceder constituido un comité, suceder apto una norma o organización sobre investigación, así como un presupuesto específico para ello y suceder desarrollado reglamento sobre la Historia Social Única y tenerla implantada. En todos estos indicadores, la Comunidad aprueba con «solvencia», aunque desde la Agrupación señalaron que para suceder cogido la perfección y conseguir el 0,10 restante, el sección que dirige Isabel Blanco debería denominarse Consejería ‘de Servicios Sociales’.
Según el mensaje, Castilla y Valiente muestra un «sistema sereno», con uno de los mejores ratios entre cobertura y pago oportuno a la «gran red de colaboración» tejida con las entidades locales para la gobierno de prestaciones y servicios y a la adecuada integración del Sistema de Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales autonómicos, informa Ical.
La Comunidad destaca igualmente en profesional por número de habitantes, con uno por cada 1.697 frente a los 1.764 estatales; en dependencia es líder con una nota de 8,9 del Observatorio de la Dependencia frente al 5,1 franquista; en plazas residenciales de financiación pública para mayores de 70 primaveras, al estar a la comienzo con una cobertura que duplica la media estatal; o en plazas residenciales para personas con discapacidad, con una por cada 22 de estos ciudadanos frente a las 57 del conjunto del país.
Incluso se coloca en las posiciones más altas en cuanto a acogimientos familiares de menores, con el 55 por ciento del total de la Comunidad, tres puntos por encima de la media franquista; en tasa de plazas de alojamiento para víctimas de violencia machista, con 21,1 plazas por cada 100 mujeres frente a las 14,25 del Estado; o en plazas de alojamiento para personas sin hogar, con 82,9 por cada 100.000 habitantes frente a las 58,5 del conjunto de España.