El PP pide al juez que abra juicio oral contra el hermano de Ximo Puig por fraude de subvenciones


El PP, como cargo popular, ha pedido al árbitro que procese y bahía sensatez vocal contra Francis Puig -hermano del expresidente valenciano Ximo Puig– y su socio, el patrón audiovisual Juan Enrique Adell Bover, por un supuesto fraude en las subvenciones que recibieron las productoras que administraban entre 2015 y 2018.

Así lo ha solicitado en un escrito de alegaciones, consultado por torrevieja news today y remitido al Magistratura de Instrucción número 4 de Valencia. Por contra, las defensas de los investigados han reclamado el archivo de las diligencias tras descartar la existencia de delito penal.

Los populares llevaron a los tribunales en 2019 las ayudas que recibieron del gobierno valenciano, el catalán y el aragonés Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, gestionadas por el común del exlíder del PSPV-PSOE; y Canal Maestrat, Kriol y Nova CB, a cargo de los Adell Bover.

La partida más elevada y polémica es la transferida por parte de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya para el fomento de la argot propia en los medios de comunicación. Con la suma de ambas, en los cuatro ejercicios Comunicacions del Ports superaría ampliamente el puertas penal fijado en 120.000 euros. Incluso lo haría, aunque solo en 2017, Canal Maestrat.

Sin requisa, la Intervención de la Generalitat Valenciana cifró en 67.504,13 euros los importes «indebidamente percibidos», por debajo de ese confín. De ellos, 43.339 correspondían a las empresas de Puig. Se incluyeron conceptos como la reparación de un éter acondicionado, el cambio de pantalla de un teléfono móvil, la revisión de los extintores o los gastos de combustible y el plazo del impuesto de circulación de un transporte. Por su parte, la Oficina catalana descartó la duplicidad en las ayudas.

Unos criterios que rechaza el leído del PP, al entender que la instrucción ha acreditado el empleo de documentación falsa y la existencia de un «serio comunidad criminal». Alega, por otra parte, que las sociedades administradas por Puig, como las de Adell Bover, funcionaban como «una única empresa».

Uno y otro grupos «son beneficiarios de las mismas subvenciones reiteradamente pero, sobre todo, buena parte de los gastos que les sirven para justificarlas son consecuencia de facturas cruzadas entre las sociedades de ambas familias, de modo que se pone de manifiesto la intención fraudulenta de hinchar los gastos para obtener una decano ayuda pública», asevera el escrito fechado el 3 de julio.

De hecho, la cargo advierte todavía de la duplicidad de gastos en distintas administraciones, la reutilización de los mismos contenidos entre empresas y la excusa de varios gastos con la misma ejecución «beneficiándose de la desaparición de control» de la Generalitat Valenciana. Presuntas irregularidades que se detallaban en un extenso crónica de la Pelotón Civil que obra en la causa, en el que se ponen en duda gastos subvencionados como el arrendamiento de la casa de un hermano de Francis Puig.

«Aunque solo Puig hubiera cometido cometido delito de fraude de subvenciones, por no alcanzarse los umbrales en el señor Adell Bover, lo cierto es que uno y otro serían recíprocamente cooperadores necesarios en los delitos del otro, en tanto en cuanto las facturas fraudulentas emitidas por sus empresas han resultado determinantes para la comisión del delito», apunta la representación legítimo de la exdiputada autonómica y flagrante senadora del PP Eva Ortiz, que inició este procedimiento.

Asimismo, recuerda que algunas de estas ayudas han sido objeto de un procedimiento de reintegro por la vía administrativa, que finalmente no se produjo.

Un error procesal a principios de 2023 –no se dio traslado a las partes para que pudieran presentar alegaciones ayer de que el magistrado prorrogara la causa– puso fin a la investigación. Desde entonces, no se han podido ordenar nuevas diligencias, más allá de cerrar aquellas que estaban en marcha. Las partes quedan ahora pendientes de la atrevimiento del árbitro, que confirmó el archivo del procedimiento, el año pasado, para el exdirector normal de Política Gramática del Ejecutante valenciano Rubén Trenzano.

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