La Plataforma por la Sinceridad Gramática ha valorado la nueva Ley de Sinceridad Educativa del Gobierno autonómico de Carlos Mazón como un «freno y marcha a espaldas frente a la discriminación de los hispanohablantes por parte de nacionalismos excluyentes». Aunque ha anunciado que pedirá mejoras de la norma, de entrada la califica como «gran triunfo».
La norma «empieza a revertir el borrado del gachupin en la enseñanza, por donde la ley y el Gobierno anteriores caminaban con paso firme», según su apreciación, que argumentan con muchos detalles: «Se estaba intentando eliminar en todas partes, en la cartelería, en los nombres de los pueblos, instituciones y comercios, así como en los centros educativos, verdadera avanzadilla de este tesina discriminatorio y disolvente».
Alineados desde su fundación en Alicante en la reivindicación de la vacuo selección de la lenguaje de la enseñanza en las aulas, esta agrupación de docentes ha puesto el acento en el rechazo que ha suscitado esta reforma legislativa -que deroga la antedicho Ley de Plurilingüismo– en el entorno pariente al independentismo. «Puntada con ver la reacción hiperventilada de los partidos, sindicatos y asociaciones pancatalanistas y de otros nacionalistas periféricos para darse cuenta de que es un gracia a la tilde de flotación de las políticas identitarias».
A pesar de que consideran «exagerado» considerar a la nueva norma como de permiso plena para las familias en la escolarización de sus hijos, ya que tendrán que seguir aprendiendo en otras lenguas distintas a la suya materna porcentajes importantes del horario escolar, esta plataforma incide en su prospección en las connotaciones política que trascienden del ámbito educativo, en remisión a la inmersión filología.
«Esta ley supone la ruptura de la Comunidad Valenciana con el tesina (muy progresista) del Gobierno del Botànic para la integración de nuestra comunidad en los siniestros e inexistentes ‘países catalanes‘», interpretan.
A su causa, los nacionalistas de esta coalición de Compromís con el PSPV-PSOE liderado en las dos anteriores legislaturas por Ximo Puig «aborrecen la permiso y, especialmente, la permiso de selección de lenguaje, porque quieren imponer la lenguaje a los demás, no quieren que se sepa cuál es la voluntad de los valencianos sobre la lenguaje de enseñanza».