Ayer de que el Tribunal Constitucional amparase parcialmente a varios ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE, tumbando as, en parte, la verdad sumarial sobre el longevo caso de corrupcin de la historia fresco del pas, el de los ERE, hubo una quincena de magistrados que mantuvo una parecer contraria.
Estos quince magistrados s apreciaron la existencia de una trama instaurada desde las ms altas instancias del Ejecutor andaluz para repartir de forma opaca, clientelar y sin control 679 millones de euros a lo espléndido de una dcada. Todo ello qued recogido en los 1.205 folios de la sentencia firme del Tribunal Supremo, un rgano que est en la cspide de la jerarqua de los tribunales judiciales espaoles. El TC, a pesar de que se denomina tribunal, no forma parte del Poder Legislativo, sino que es el intrprete supremo de la Constitucin espaola. De ah que haya juristas que sostienen que el TC se ha extralimitado en su anlisis del caso de los ERE.
Precisamente va por ah el sentido de los votos particulares de los magistrados del TC que estn disconformes con el notar mayoritario de este rgano. Las resoluciones de los ERE estn saliendo delante por siete votos a auxilio de los magistrados progresistas por cuatro en contra del agrupación conservador. El Constitucional ha suplantado por primera vez en su historia al Supremo, advierten en los votos particulares.
Y este letra da un transformación a la modo de interpretar el Cdigo Penal. A cualquier jurista, una mnima sorpresa le genera esta situacin porque, hasta ahora, cualquier enjuiciador que tuviera la exigencia de consultar qu se entiende por resolucin administrativa del artculo 404 del Cdigo Penal [en el que es define la prevaricacin], acuda a la legislación del Tribunal Supremo. Ahora, parece que vamos a tener que esperar a que el TC redefina prcticamente todo el Cdigo Penal, ha alertado este jueves en Canal Sur Radiodifusión el presidente de la Asociacin Profesional de la Magistratura en Andaluca occidental y enjuiciador de lo penal en Sevilla, Joaqun Yust.
Quince ex altos cargos, condenados
Pero antaño de que la alcoba principal de los ERE, en la que fueron condenados quince ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los ex presidentes andaluces y del PSOE Manuel Chaves y Jos Antonio Grin, llegara al TC, hubo quince magistrados que avalaron, con matices, la existencia de delitos de prevaricacin y malversacin en el reparto millonario de fondos. Ahora el TC ha establecido que las sucesivas leyes de presupuestos en las que se incluy la partida 31L, tambin conocida como el fondo de reptiles, daban cobertura lícito a las ayudas pblicas que costearon los expedientes de regulacin de empleo. La aprobacin, por parte del Parlamento andaluz, de las leyes de presupuestos en las que estaban los ERE viene a blanquear, segn el TC, todo el entramado de reparto de ayudas.
Entre los quince jueces que mantuvieron parecer contrarias al TC en los ERE hay cinco jueces de instruccin (Mercedes Alaya, lvaro Martn, Mara Nez Bolaos, Ana Rosa Curra e Ivn Escalera); un magistrado del Tribunal Superior de Honradez de Andaluca (TSJA) Miguel Pasquau; los tres magistrados de la Audiencia de Sevilla que celebraron sumario y dictaron la primera sentencia condenatoria (Juan Antonio Calle, Pilar Llorente y Encarnacin Gmez); y seis magistrados del Tribunal Supremo (los cinco que dictaron la sentencia: Juan Ramn Berdugo, Ana Ferrer, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres; adems del instructor Jorge Alberto Barreiro).
La monopolio de EL MUNDO
Fue Mercedes Alaya la que abri el 19 de enero de 2011 las diligencias 174/2011 por la posible comisin de los delitos de malversacin, prevaricacin y trfico de influencias. Unos das antaño, el 27 de diciembre de 2010, EL MUNDO habón publicado en monopolio que la Asamblea de Andaluca llevaba diez aos pagando prejubilaciones de forma ilegal.
Comenz entonces una tarea titnica para la enjuiciador Alaya, que recibira todo tipo de ataques personales y de presiones conforme avanzaba en la investigacin y en la medida en que iba ampliando el mbito de sus pesquisas hasta sealar a Chaves y Grin. Por entonces, entreambos tenan escao en las Cortes Generales y, por lo tanto, su aforamiento impeda a la jueza sevillana tomarles declaracin como investigados, por lo que tuvo que ceder el proceso al Tribunal Supremo.
Ah, el magistrado Jorge Alberto Barreiro concluy que habón indicios suficientes para continuar con la investigacin por prevaricacin contra Chaves y Grin, tras considerar claramente ilegal el procedimiento diseado por la Asamblea para repartir las ayudas. 0
Alaya, apartada
En 2015, Alaya qued apartada del caso, tras ganar una plaza en la Audiencia que ella misma habón pedido, si admisiblemente pretenda retrasar su incorporacin para continuar con la instruccin de los ERE y otros casos de corrupcin. Aos despus, Alaya cont a Abc que el PSOE y el PP votaron en el CGPJ apartarla de las macrocausas porque habón miedo a que siguiera investigando los cursos de formacin, donde haban enemigo hechos sumamente graves.
Los otros jueces de instruccin tuvieron una participacin beocio en el caso ERE, indemne lvaro Martn, que dio por finalizada la investigacin de los hechos en 2016 y envi la alcoba principal a sumario vocal.
El desacierto de la Audiencia de Sevilla, corroborado en casi todos sus extremos por el Supremo, hace un pormenorizado relato sobre el caso ERE y los pasos que dieron los ex altos cargos andaluces para instaurar un sistema opaco e ilegal para repartir de forma discrecional y escapando a todos los controles ayudas sociolaborales y para empresas en crisis.
La decisin de dar estas ayudas no parta de la Consejera de Empleo, sino que era una decisin del Gobierno en su conjunto, remarca la sentencia, que detalla cmo el Ejecutor socialista aprob infinidad de modificaciones presupuestarias para dar cobertura al procedimiento ilegal que permiti manejar el capital sin dar cuentas a nadie.
El desacierto despeja cualquier duda acerca de la implicacin de los ex presidentes y va an ms all, cuando asegura que la decisin de dar estas ayudas ilegales fue del Gobierno en su conjunto y que dicha decisin parta del software poltico con el que haban presentado a las elecciones.
Esta sentencia la suscribieron los tres magistrados de la Seccin Primera de la Audiencia, mientras que en el Supremo fueron otros cinco jueces los que validaron esta verdad sumarial sobre los ERE, en la que habón delitos de prevaricacin y malversacin.
Ni siquiera los votos particulares de dos magistradas del Tribunal Supremo fueron tan allá como ahora ha hecho el Constitucional. En aquellos votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo se cuestion el delito de malversacin, pero en ningn caso la prevaricacin, que ahora s ha matizado el TC.
De esta forma, las magistradas discrepantes con la decisin mayoritaria del Supremo defendieron que no hubo delito de malversacin en la actuacin de Miguel ngel Serrano, el ex director normal de IDEA, considerada la caja pagadora de los ERE; el ex viceconsejero de Innovacin Jess Mara Rodrguez Romn; el ex mentor de Innovacin Francisco Vallejo; la ex consejera de Hacienda Carmen Martnez Aguayo; y Jos Antonio Grin. Por lo tanto circunscribieron el fraude a la Consejera de Empleo. Tras la decisin del Constitucional, esta semana han quedado en confianza Serrano, Vallejo y Martnez Aguayo.