Cada vez que un gobierno ha intentado regular una determinada actividad económica ha tenido consecuencias inesperadas, como sucedió en 2015 cuando se aplicó el recargo al autoconsumo de energía solar conocido como el ‘impuesto al sol’, que terminó desincentivando la inversión en energías renovables.
Ahora vivimos un nuevo episodio de pretender poner ‘puertas al campo’, como es la idea impulsada por el corregidor de Barcelona, Jaume Collboni, de no renovar las licencias a más de diez mil pisos turísticos que hay en la caudal catalana en 2028; una idea que se inspira en la Ley Específico 18 que entró en vigor en septiembre de 2023 en la ciudad de Nueva York.
Es cierto que Barcelona vive un ‘esplendor’ turístico que mes a mes rompe todos los récords: solo en mayo, que no se considera precisamente un mes de ingreso demanda, la ciudad recibió más de dos millones de viajeros internacionales, casi un seis por ciento que el mismo mes de 2023. A este ritmo, no hay dudas que se superará la marca de 19,4 millones de turistas internacionales que llegaron a Barcelona en 2019, coetáneo récord histórico. Si aceptablemente es cierto que hay que establecer reglas del solaz claras para que el turismo en Barcelona no muera de éxito. Dicho esto, la osadía de Collboni no solo es temeraria, sino que por otra parte podría llevar graves consecuencias.
Quitar las licencias a los pisos turísticos no impedirá que los turistas vengan a la ciudad, quien quiera hacerlo encontrará la forma de alojarse. Asimismo, las trabas que ha impuesto Collboni forman parte de los gestos del PSC en torno a Esquerra Republicana (reconocidos por su ‘turismofobia’) para ingresar su apoyo no solo en el consistorio sino asimismo para impulsar la candidatura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En este sentido, la osadía de Collboni perjudica notablemente a los propietarios de pisos de temporada. Por esta razón, estamos delante las puertas de la creación de un mercado sombrío de la vivienda turística, donde los hoteles incrementaran los precios de las habitaciones e impulsará el surgimiento de pisos para turísticos en las ciudades colindantes, que no tienen tanta regulación como en Barcelona. Dicho de otra forma: el problema que tiene Barcelona se trasladará a las ciudades del dominio metropolitana.
Para comenzar, hay un evidente perjuicio crematístico tras esta medida. Los 10.101 propietarios de viviendas turísticas de Barcelona, que ya venían presionados por las medidas tomadas por el gobierno de Ada Colau, han realizado importantes inversiones para adecuar sus alojamientos a las normativas municipales y puedan estar inscriptas en plataformas de reservas como Airbnb. La mayoría no son grandes tenedores, sino de pequeños propietarios que ponían en el mercado un suelo o una habitación para el turismo y poder tener un ingreso adicional. Con las futuras restricciones habrá deterioro de una parte de una parte de la población restringido que aporta a la pertenencias de Barcelona. Por eso no me extraña que en breve haya una serie de demandas de propietarios contra esta resolución.
Igual de preocupante resulta la anticipada proliferación de alojamientos que actuarán fuera de la ley, que no se publicitarán por Airbnb y otras plataformas de reserva sino por medio de redes sociales o servicios de correo. Quizás muchos sean de pisos que funcionaban antaño, pero la medida deja la puerta abierta al surgimiento de alojamientos sin seguro o sin garantías para los huéspedes.
Si Collboni, el PSC y sus aliados no creen que sucederá eso, pespunte ver qué ha sucedido con Nueva York desde que se promulgó la Ley Específico 18, que solo autoriza alquileres a los propietarios registrados (tras un amplio proceso administrativo) y donde se exige al huésped que esté residiendo en la vivienda que se ofrece como arriendo. Como no está permitido arrendar a más de dos huéspedes, las familias con niños no tienen oficio en la nueva reglamento. La medida provocó que la proposición de apartamentos para alquileres de corto plazo se redujera un ochenta por ciento, por lo que los 65 millones de turistas que cada año visitan la Gran Manzana tienen dos alternativas: respaldar más por un hotel o ir a otra ciudad. Mientras que en EEUU el precio de los hoteles subió el tres por ciento en los primeros meses del año, en Nueva York se dispararon entre el diez por ciento y el vigésimo por ciento (en una ciudad donde el precio medio está entre los 350 y los 393 dólares por oscuridad, precisa un estudio de CoStar).
Una investigación de Airbnb reveló que la medio de los turistas estaban inclinados a apañarse algún alojamiento turístico ilegal, y que el sesenta y cinco por ciento considera que no podía respaldar los disparatados precios de los hoteles neoyorquinos. El impacto crematístico, calculaba la plataforma, era una pérdida de casi 1.100 millones de dólares (1.018 millones de euros) en impuestos. Los números están a la panorama: si Collboni pretende seguir el maniquí de Nueva York y sufrir esas consecuencias, que siga poniendo regulaciones restrictivas al turismo. Pero no por ello los turistas van a dejar de venir.
Por Iñaki Unsain, PSI (Personal Shopper Inmobiliario) de remisión en Barcelona y director común de ACV Administración Inmobiliaria