La sentenciador de la Audiencia DomésticoMaría Tardón ha propuesto decidir a ocho personas y una docena de empresas, entre ellas el principal rama exportador mundial de atún, por la comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal y el emblanquecimiento de los “cuantiosos” beneficios obtenidos.
La investigación ha permitido acreditar las “pésimas condiciones de sanidad” en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban y las malas condiciones para el consumo humano de los atunes, a los que inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura, “poniendo en reservado peligro la sanidad pública de los consumidores”.
En su utilitario de pase a procedimiento abreviado, que supone el final de la investigación, la magistrada considera que podrían haberse cometido siete tipos de delitos diferentes: falsedad documental, contra la sanidad pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, décimo en ordenamiento criminal y emblanquecimiento de capitales.
Escritos de imputación
Ahora la Fiscalía y el resto de partes personadas, entre ellas Greenpeace, tienen un plazo de 10 días para presentar sus escritos de imputación. Para evitar el madurez, los investigados solo cuentan ya con la opción de que la Sala de lo Penal estime sus previsibles fortuna contra la valentía comunicada este martes por la sentenciador.
La titular del Magistratura Central de Instrucción 3 envía a madurez a ocho investigados, entre ellos un retén civil y los responsables del Peña Pescnortmar Carlos Fernández Fernández, Javier Amorós y Khalid Mouslim; y del Peña Ricardo Fuentes, los hermanos José y Juan Pedro Fuentes García.
El Peña de empresas Ricardo Fuentes es el maduro exportador de atún rojo del mundo. Tiene su sede central en Cartagena, adicionalmente de granjas de crecimiento en la provincia de Murcia y en Malta y Túnez, así como almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.
Trazabilidad
El utilitario explica que parte de la actividad de esta trama se llevaba a promontorio de guisa procesal y otra parte, de guisa irregular, “introduciendo en el mercado atún rojo pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de la documentación requerida para su captura y comercialización para consumo humano”.
Esa “confusión deliberada” entre el atún permitido y en buen estado y el atún de procedencia ilícita y en mal estado fue ideado por la ordenamiento “para dificultar la detección del fraude”, ya que resultaba ficticio la trazabilidad del pescado.
La sentenciador señala que la investigación ha permitido acreditar las “pésimas condiciones de sanidad” de las instalaciones que utilizaban los investigados. A esto se suma que durante el transporte “el mercancías no cumplía con unas mínimas condiciones de higiene” como el aislamiento de los productos alimenticios.
“Un peligro evidente”
Parte de los ejemplares de atún rojo se encontraban en mal estado y se les cambiaba la apariencia “a través del inyectado de aditivos para dar una apariencia de frescura, poniendo en reservado aventura la sanidad pública de los consumidores”.
Todo este conjunto de irregularidades, afirma, supone “un peligro evidente para la sanidad pública” como demuestra que en algunas de las muestras de pescado analizadas se han detectado concentraciones de histamina en niveles superiores al mayor aconsejable. Por otra parte, subraya que el aventura para la sanidad de las personas llegó a concretarse en la detección de alguna intoxicación alimentaria.
La sentenciador añade que los “cuantiosos beneficios” del negocio ilegal no se declaraban y que se utilizaba una contabilidad paralela en las empresas implicadas. En muchas ocasiones se usaba peculio opaco en las compraventas y el suscripción a transportistas considerados “de confianza”. Los investigadores de la Atención Civil detectaron uno de esos pagos y se incautaron de una bolsa con 118.000 euros.