El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha replicado al Gobierno en la polémica por el conflictivo giro de extranjeros a las autonomías en España y las tensiones con Vox: «La Comunidad Valenciana cuenta con 317 plazas para acoger a menores inmigrantes y en este momento son 481 los que están acogidos en los centros donde están habilitadas».
Así, ha destacado que esta región se encuentra «por encima» de sus »posibilidades» en esta materia y ha aguzado que hasta el Síndic de Greuges -el Defensor del Pueblo autonómico- está trasladando «quejas por el colapso» de estas dependencias adecuado a las evacuación superiores a los posibles habilitados.
«Sería conveniente preguntar al Gobierno si piensa que somos insolidarios en la Comunitat», ha auxiliar el patrón del Consell, quien ha enfatizado que en el «argumento de la solidaridad» a esta autonomía «no le anhelo a nadie». Y ha abundado en esta exposición: «Me gustaría retener si le parecemos pocos solidarios haciendo todo lo que estamos haciendo o pocos humanos haciendo todo lo que estamos haciendo», ha aseverado.
Todavía ha señalado que le «preocupa» la «dignidad» de los menores acogidos, sobre la que asume tener «responsabilidad procesal y ético» y ha preguntado «quién va a ser solidario con la Comunitat Valenciana y cachear el esfuerzo ya hecho durante tiempo» en este ámbito, así como «si se van a sugerir posibles», a diferencia de lo que ocurre ahora: «No se nos dota ni de espacios ni de material».
Preguntado por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará este miércoles para adoptar la distribución de menores migrantes, ha augurado convencido que «mañana no hay reparto de inmigrantes». Tras ello, ha pedido al Gobierno que hable «con propiedad sobre lo que está ocurriendo» y ha precisado que lo previsto es que la próxima trayecto haya «un reparto de posibles económicos de un fondo de contingencia del año 2021».
El patrón del Consell ha comentado que se ha anunciado que en ese acercamiento se trasladará «un trapo de ley que, en su caso, aprobará el Congreso de los Diputados» y ha lamentado que no se haya «mandado de antemano» para poder expresar la «opinión» correspondiente.
Asimismo, ha expuesto que este miércoles será «asimismo un día de preguntas» para conocer «cuál es la política migratoria del Gobierno», acerca de «qué opina de la extraordinaria solidaridad que la Comunitat durante tiempo accediendo a contratos de emergencia, a aumentos de crédito, a recepciones que no sólo vienen por repartos del Gobierno, sino que asimismo vienen en pateras».
Y ha entrado en detalles elocuentes de esta carencia de medios. «Todavía me gustaría retener qué piensa el Gobierno cuando nuestros directores territoriales han tenido que ir domingos por la tenebrosidad a comprar colchones para poder conservar a los menores que tenemos y cuya dignidad asimismo nos preocupa», ha añadido Mazón, que ha precisado que «la Constitución dice que las competencias en inmigración son exclusivas del Estado».
El responsable autonómico ha destacado por otra parte que «hay competencias europeas» y ha preguntado «dónde está Europa» en este caso. «Mañana no es el día en el que la Comunitat tiene que objetar porque lleva respondiendo muchos meses con mucho esfuerzo, con mucha solidaridad, sin posibles, sin una política europea y sin una política del Gobierno», ha puesto de relieve.
Por esta razón, ha considerado que «tiene que acaecer una política de Estado» porque esta materia es «competencia del Estado» y ha manifestado que las comunidades están «solas en esto, sin posibles, sin ideas», mientras reciben reproches: «Si tenemos a los jóvenes hacinados en los centros, somos insolidarios y si decimos que no nos caben más, somos asimismo insolidarios». Al mismo tiempo, ha pedido que cierto le explique «cuándo se puede ser solidario posteriormente de todo el esfuerzo que se está haciendo».
El presidente de la Generalitat ha lamentado así que «todo» dependa «ahora» de si las comunidades van «a ser más o menos solidarias con todo el servicio» que han estado prestando, «por encima de las posibilidades».
Gobierno autonómico «válido»
Preguntado por la «amenaza« de Vox de romper los pactos de gobierno en las autonomías que gestiona con el PP si estas aceptan el reparto de menores inmigrantes que plantee el Gobierno y por si peligra el Ejecutor valenciano por este motivo, Mazón ha respondido: »No tengo que hacer ninguna valoración al respecto. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación« desde hace »mucho tiempo«.
Y ha asegurado que «en rotundo» peligra su coalición con Vox. «Es un gobierno válido que está tomando medidas muy importantes, que tiene claro lo que tiene que hacer y que está cumpliendo con su obligación. Todo lo que está fuera del gobierno valenciano está fuera del gobierno valenciano», ha concluido.
«Sobreocupación del 170%»
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consell y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, que ha sido preguntada por el reparto de menores tras el minuto de silencio celebrado delante la Generalitat por el caso de violencia machista registrado en Villena (Alicante), ha coincidido asimismo con Mazón en que no se producirá mañana. «Vamos a tener la información de una proposición de ley del Gobierno y atenderemos a lo que nos diga», ha reiterado.
Camarero ha resaltado igualmente que la valenciana «está siendo una comunidad solidaria en los últimos abriles», que tiene «una sobreocupación del 170% en sus centros» acogida y que está «habilitando permanentemente nuevos posibles y plazas para dar cobertura y tratar con la dignidad a esos menores», frente al Gobierno central, que «no ha hecho mínimo», a su madurez.
En la rueda de prensa tras el pleno del Consell, su portavoz, Ruth Merino, ha asegurado que Camarero irá «con los deberes hechos» a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia« y que reclamará »los posibles necesarios« para atender a los menores migrantes.
Merino ha inculpado al Gobierno de querer soportar al Congreso una reforma de la Ley de Extranjería sin allanar documentación previamente, así como de «echar balones fuera» y «dar la responsabilidad a las comunidades cuando ya están cumpliendo con su cometido muy por encima de sus posibilidades».