El gobierno de izquierdas que presidi hasta 2023 el socialista Ximo Puig siempre argument que el PP nunca promovi desde el Tarea de Educacin un procedimiento contra su polmica ley de plurilingismo. Es opinar, que por mucho ruido que hicieran los populares valencianos, la sinceridad era que la norma aprobada en 2018 contaba con el aval de un gobierno central en manos entonces del PP. Y ahora que los papeles se han intercambiado, lo cierto es que el Gobierno de Pedro Snchez ha evitado confirmar de momento si presentar o no procedimiento contra la bautizada como ley de sinceridad educativa de PP y Vox.
El posicionamiento en este tema de Moncloa contrasta, adems, con el que se mantiene en el caso de la otra norma que ha generado no poca polvareda: la convocatoria ley de concordia, cuyo debate se inicia este mircoles en las Cortes Valencianas y cuya aprobacin est prevista para este jueves en el pleno de la Cmara autonmica. Ambas leyes forman parte de la dietario reformista de los dos socios de la Generalitat que preside Carlos Mazn.
Un paquete legal que PP y Vox han querido sacar delante en tiempo rcord, para borrar ya en el primer ao de lapso las polticas de la izquierda en materias sensibles como la poltica lingstica o la memoria histrica, pero tambin la radiotelevisin pblica o la Agencia Antifraude. La sintona entre entreambos socios ha sido tal que no se ha resentido pese a las fuertes discrepancias en violencia de gnero o la flamante amenaza de Vox de romper sus pactos autonmicos a cuenta de la poltica migratoria.
La nueva ley educativa valenciana, que ya ha entrado en vigor tras su publicacin en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, es luego una de las ms importantes para el Consell de Mazn. Y una de las primeras sobre las que puso el foco el propio PSPV-PSOE. La secretaria caudillo de los socialistas valencianos, Diana Morant, con asiento en el Consejo de Ministros, lleg a advertir de que el Gobierno estudiara acudir al Tribunal Constitucional tanto la ley educativa como la de concordia.
En este ltimo caso, el procedimiento ya ha sido confirmado por la propia delegada del Gobierno. La socialista Pilar Bernab dijo que en cuanto se publique esta norma, Moncloa “tomar todas las medidas”. “No permitiremos pasos atrs en la dignidad de las vctimas”, subray. No en vano, el Gobierno tambin ha recurrido al Constitucional la derogacin de la ley de memoria por parte de Aragn.
Sin confiscación, con la ley de sinceridad educativa, las fuentes consultadas evitan concretar si el Gobierno iniciar finalmente la va jurídico. El posible procedimiento, de hecho, est en el canción. “El Gobierno est irresoluto y estudiando todo tipo de acciones”, explican fuentes de la Delegacin, que no confirman todava si se presentar o no dicho procedimiento.
Los socialistas en las Cortes, por ejemplo, han lamentado el retroceso del valenciano en la escuela con la nueva ley, que abre la puerta a la inmersin en castellano en las comarcas castellanohablantes y viga un mnimo del 25% tanto de valenciano como de castellano en las zonas valencianohablantes. En este sentido, Comproms propuso al PSOE unir fuerzas en el Congreso de los Diputados, pues la Constitucin permite que 50 diputados presenten un procedimiento de inconstitucionalidad.
La va del procedimiento la dej tambin abierta la Universitat de Valncia (UV). En un crónica aceptado por su consejo de gobierno, la institucin acadmica seal sobre la proposicin de ley que tena “aspectos que pueden contradecir la derecho del TC y el sentido en materia lingstica de la Constitucin Espaola“.
Al compendiar la exposicin al valenciano, la UV entiende que “no se respaldar la adquisicin de la capacidad lingstica suficiente de las dos lenguas oficiales al rematar la enseanza obligatoria, lo que segn la derecho del TC es una exigencia constitucional derivada de la oficialidad lingstica”. Segn el crónica, as lo recoge la Ley Orgnica del Derecho a la Educacin (LODE).
PP y Vox, por su parte, han defendido esta ley con el argumento de que acaba con la “imposicin” del valenciano y con un maniquí que en sinceridad cuestionaron los tribunales. Lo hicieron en varias sentencias contra planes lingsticos de centros que no aplicaron una presencia equilibrada de ambas lenguas cooficiales.