La ruptura de los gobiernos autonmicos del PP y Vox ha sido recibida con “alegra” por el Gobierno y por el PSOE. “Hoy es un gran da para Espaa. Es un pas mejor porque la ultraderecha no gobierna en determinados gobiernos autonmicos”, ha sido la reflexin que ha audaz Pedro Snchez desde Washington, donde ha participado en la cumbre de la OTAN. “Alegra”, “gusto”… Pero el presidente del Gobierno no se compromete a dar estabilidad a los gobiernos del PP, pese a que en varias ocasiones inst a los populares a que rompieran esos pactos y que en federaciones suyas creen que debera hacerse.
Snchez ha dejado sentado que el apoyo que puedan dar los socialistas a los populares “va a subordinarse de las polticas”, pero dej unos avisos a Alberto Nez Feijo sobre los siguientes pasos que considera que debe dar: le emplaz a romper los acuerdos en ms de un centenar de ayuntamientos que tiene con Vox y a derogar todas las leyes que han aceptado estos gobiernos de coalicin en materia de violencia de gnero o de memoria democrtica. Y una exigencia por encima de todas: que apoye la Ley de Extranjera que obliga al reparto de menores migrantes entre comunidades autnomas. “La prueba del algodn”, lo defini Snchez, refirindose a que ser el termmetro para entender si el PP rompe con Vox.
Las comunidades que preside el PP han aceptado de forma voluntaria la acogida de 347 menores migrantes no acompaados en un acuerdo que se fij esta semana en la Conferencia Sectorial de Infancia que se celebr en Tenerife. Pero los populares han dejado en el ventilación, al menos no han fijado posicin clara, lo que harn con la Ley de Extranjera que ya fija como obligacin este reparto, a fin de aliviar territorios como Canarias, Ceuta o Melilla.
“Toda esta crisis -en alusin a la ruptura de Vox con el PP- viene provocada por el rechazo tanto del PP como de Vox a la solidaridad con un comarca como Canarias que sufre la presin migratoria”. El presidente del Ejecutante aprovecha esta crisis en las formaciones de derecha para poner de nuevo el foco en Feijo y tratar de cercar sobre l la presin para aprobar esa Ley de Extranjera. “Ser un partido de gobierno, de Estado, exige dar solucin a las demandas de nuestros ciudadanos, estn en Canarias, Andaluca, Melilla, Ceuta…”
Y respecto a las leyes aprobadas por estas coaliciones, precisamente este mismo jueves, horas antiguamente de que Abascal oficializara la ruptura con el PP, ambas formaciones aprobaban en la Comunidad Valenciana de forma definitiva la citación Ley de Concordia que pretende derogar la Ley de Memoria Democrtica.
Esa posibilidad de dar estabilidad a los gobiernos autonmicos del PP ahora que dejan de presidir con Vox ha surgido desde las propias filas socialistas. En federaciones como Madrid, Castilla y Len o Extremadura sus lderes regionales han planteado pblicamente esa opcin que, sin secuestro, no es del todo secundada por la direccin doméstico del partido: “Los problemas del PP y sus socios no nos interesan lo ms mnimo”. Los cinco gobiernos de coalicin que se rompen tras la decisin de Santiago Abascal de salir de los mismos son Extremadura, Castilla y Len, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragn.
Para Snchez la esencia no es que Vox haya decidido romper estas coaliciones, pese a la trascendencia poltica que tiene la decisin, sino que, a su querella, “la esencia es si el PP va a romper con las polticas que ha aceptado con Vox. sa es la decisin trascendental que debe tomar el PP: si quiere hacer una oposicin constructiva o quiere continuar aprobando polticas ultraderechistas”.
No ve determinante la envés de Rovira
Unido a la ruptura de los gobiernos autonmicos del PP y Vox, otro de los asuntos que despuntan a nivel doméstico es la arribada este viernes a Espaa de Marta Rovira. La secretaria genérico de ERC, huida desde 2018 en Suiza, presentarse en coche a Cantallops (Gerona) tras archivarse la causa de Tsunami por la que estaba investigada por terrorismo. Snchez no cree que este regreso pueda influir de forma decisiva en la posible investidura de Salvador Illa como presidente de Catalua. “No creo que una cosa tenga que ver con la otra. Estamos hablando de un acuerdo de gobierno para echar a marchar la asamblea en Catalua”.
PSC y ERC llevan semanas inmersos en una negociacin que presenta “avances” y en la que uno de los puntos del dilogo es la creacin de un consorcio fiscal. Una propuesta impulsada por Illa, pero que cuenta con el aval de La Moncloa.