A toda prisa y casi de incógnito para no tener que dar explicaciones. El maestro de Empleo de la Corporación de Andalucía desde 2004 a 2010, Antonio Fernández García, abandonó este lunes a las siete y media de la tarde la prisión de El Puerto III. El político jerezano dejaba detrás la gayola de El Puerto de Santa María (Cádiz) donde ha estado recluido durante un año y siete meses cumpliendo su condena por el caso ERE. Lo hacía montado en el asiento trasero de un reluciente Nissan Juke con las ventanas tintadas y la carrocería anodino, sin detenerse tan siquiera para hacer declaraciones delante la nubarrón de cámaras y fotógrafos que lo estaban esperando a las puertas del centro penitenciaria desde las tres de la tarde.
Los periodistas tuvieron que conformarse con un ‘canutazo’ delante los micrófonos de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, y con una instantánea fugaz y borrosa de Fernández subido en el coche que lo llevaba hasta su casa.
La excarcelación de Fernández era cuestión de horas desde que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ordenó el «ordenanza de permiso» del que fuera el mayor responsable de la consejería que repartía ayudas mediante un sistema que evitó «todo control oficial», según la sentencia que dictó en 2019. Fue condenado a siete primaveras y merienda meses de gayola por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. El mismo día, el tribunal ordenó la puesta en permiso de otro político preso, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, que cumplía su castigo penal de seis primaveras en la prisión de Sevilla I, de la que salieron a principios de julio su antiguo patriarca, el exconsejero Francisco Vallejo, y el ex director genérico de la agencia IFA/IDEA Miguel Querubín Serrano.
El desmontaje del caso ERE que está haciendo el Tribunal Constitucional (TC), controlado por una mayoría de magistrados elegidos a propuesta del PSOE, está haciendo posible poco que parecía impensable hasta julio de 2022, cuando el Supremo ratificó la resolución que condenó a 15 ex altos cargos autonómicos, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El víscera de garantías ha colocado al tribunal sentenciador que dicte nuevas sentencias tras borrar algunos delitos de prevaricación y malversación amparándose en que se vulneraron derechos fundamentales porque las pruebas incriminatorias eran insuficientes. No hay precedentes de una intrepidez como ésta. El TC nunca antiguamente había revisado las pruebas en una sentencia firme ni había reinterpretado los tipos penales, a seso de numerosos juristas consultados por torrevieja news today, que estiman que se ha extralimitado en su función de amparo.
Firmó el convenio que institucionalizó el sistema de ayudas
Antonio Fernández fue uno de los firmantes del convenio entorno que institucionalizó a partir del 17 de julio de 2001 el sistema irregular de subvenciones, el conocido como ‘fondo de reptiles’ —expresión utilizada por un subordinado suyo, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Liante—. Fernández era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —la caja pagadora de los ERE—. El documento asimismo llevaba la epígrafe del entonces maestro de Empleo, José Antonio Viera.
En el caso de Antonio Fernández se da la circunstancia de que figuraba en un lista original de prejubilados de la empresa bodeguera González Byass, que recibió 19.757.235 euros de la misma Consejería de la que él era su mayor responsable. Dicha póliza le daba derecho a cobrar una póliza de 386.181 euros a costa de los andaluces porque era trabajador en excedencia de la firma jerezana desde el año 1983, cuando decidió dedicarse a la política. El plan era que empezara a percibirla en 2012, pero estalló la investigación del caso ERE y Fernández renunció a cobrar la ayuda. «Me pertenecía y no la quise porque no me dio la apetito», aseguró en el año 2012.