Penas mínimas para los propietarios de un club de alterne de Galicia con 12 mujeres en situación irregular



La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha resuelto este martes el querella contra dos responsables de un club de alterne de O Porriño que tenían a 12 mujeres en situación irregular. La panorama se ha saldado con penas mínimas, que no implicarán su ingreso en prisión.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para el regente del Club Falcon Crest una pena de dos abriles y tres meses, pero el procesado ha llegado a un acuerdo y ha obligado los hechos de los que estaba inculpado, lo que ha supuesto una disminución en la condena, que quedó en una pena de 6 meses de prisión y multa de 6 meses con una cuota de 10 euros, con inhabilitación peculiar para dedicarse a actividades de actividades de mandato y compañía de locales de alterne.

La otra persona acusada, igualmente propietaria de este lugar, no ha obligado los hechos, por lo que la Fiscalía ha mantenido la pena solicitada inicialmente de seis meses de prisión, multa de seis meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación peculiar por el mismo tiempo para la actividad de arrendamiento del lugar de su propiedad para lugar de alterne por el mismo tiempo.

Según recoge el escrito de Fiscalía, en octubre del año 2018 el Club Falcon Crest tuvo una inspección que detectó que 12 de las mujeres que trabajaban allí estaban en situación irregular, sin permiso de trabajo y sin estar dadas de inscripción en la Seguridad Social, mientras que otras cuatro no estaban dadas de inscripción en la Seguridad Social.

En ese momento, relata el Servicio Divulgado, la empresa tenía dados de inscripción a siete trabajadores. Como consecuencia de la inspección, se incoaron varias actas de infracción.

El escrito recoge que la dueña de la propiedad lo alquiló al primer inculpado “conociendo la situación de las empleadas en dicho lugar, así como la actividad que se explota, pese a lo cual arrendó el citado inmueble facilitando la comisión del delito“.

El citado lugar ha estado clausurado de forma provisional desde abril de 2019 hasta julio de 2020. En la ahora el entendimiento de arrendamiento se resolvió por la propiedad. La Gestión Normal de la Seguridad Social dio de inscripción de oficio a las citadas trabajadoras abonando un valía total de 293,77 euros.

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