La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 225.000 euros a la empresa de préstamos Moneyman, por «importunar durante dos abriles» a una usuaria cuya identidad fue suplantada y a la que exigían una deuda que no le correspondía, según ha explicado en una nota Facua Córdoba, ordenamiento de la que era socia la afectada.
Según ha informado el colectivo de consumidores, la usuaria, residente en Córdoba, empezó a aceptar en mayo de 2020 comunicaciones de la empresa de préstamos en las que le requerían una supuesta deuda 312,80 euros. Por otra parte de exigirle el plazo del plata, le informaban de que habían incluido sus datos en el fichero de morosos Asnef-Equifax.
La afectada denunció los hechos en presencia de la Policía Franquista, «ya que ella en la vida había contratado préstamo alguno con dicha entidad, por lo que todo apuntaba a que sus datos habían sido suplantados y Moneyman no había realizado una comprobación efectivo de su identidad», precisa Facua. Tras esto, se dirigió a la empresa exigiéndole que dejara de reclamarle la deuda que no era suya.
Por otra parte de exigirle el plazo del plata, le informaban de que habían incluido sus datos en el fichero de morosos Asnef-Equifax
Comenzó así, según relata la ordenamiento de consumo, «un calvario de dos abriles» para la usuaria, ya que la entidad, «no sólo hizo oídos sordos a su exigencia, sino que siguió acosándola constantemente ese tiempo para que pagara y negándose a atender las numerosas peticiones para que dejaran de pedirle la deuda y eliminaran sus datos de sus ficheros en virtud del derecho de supresión». Facua Córdoba ha explicado que Moneyman no sólo no atendió sus peticiones, sino que llegó a decirle que no podía suprimir la información que tenían de ella mientras existiría una deuda a su nombre.
Es más, llegó a aportar como supuesta prueba un pacto, «pero el documento ni siquiera aparecía con firma alguna y el número de cuenta corriente que contenía, al que supuestamente se le hizo el ingreso del préstamo, no pertenecía a la usuaria».
No la borró de la cinta de morosos
La afectada acudió a Facua Córdoba a finales de 2022 y el equipo sumarial de la asociación se dirigió entonces a Moneyman en varias ocasiones, reiterando que dejaran de reclamarle la deuda, pidiendo el control del derecho de supresión de sus datos. En febrero de 2023, finalmente la empresa contestó a la asociación, y señaló que había eliminado la información de la usuaria de sus bases de datos y había paralizado la exigencia de la deuda.
Por otra parte, las reclamaciones de Facua a Equifax además consiguieron que se suprimieran sus datos del fichero de morosos, y en paralelo, se denunció además los hechos en presencia de la Agencia Española de Protección de Datos, «por tener realizado un tratamiento ilícito de los datos» de su socia, pues «se habían regalado de suscripción en el sistema de Moneyman sin su consentimiento».
La AEPD abrió una investigación por la que constató que verdaderamente Moneyman nunca había suprimido los datos de la usuaria y que volvió a darlos de suscripción en Asnef durante un breve periodo de tiempo por, según la empresa, un «error técnico». Así, las averiguaciones de la Agencia concluyeron que «sólo se bloquearon los datos» de la afectada, ya que la entidad sostenía que «no se había acreditado la suplantación de identidad».
La prestamista nunca había suprimido los datos de la usuaria y volvió a darlos de suscripción en Asnef por, según la empresa, un «error técnico»
En su resolución, la Agencia señala que la proceder de la empresa ha sido «negligente» al tener realizado un tratamiento ilícito de los datos de la afectada al no tener regalado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. La entidad no ha podido demostrar en ningún caso que la deuda perteneciera a esa mujer, por lo que era «igualmente ilícito que incluyera sus datos en fichero de solvencia patrimonial alguno», y sólo encerrar sus datos suponía otra infracción. Por todo ello, la Agencia procedió a sancionar a Moneyman con 225.000 euros, por varias vulneraciones de la reglamento y ha terminado pagando 180.000 euros tras acogerse a la reducción por plazo voluntario.