“La interceptacin de los correos en esas condiciones lesiona los derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantas y a la tutela procesal efectiva”. ste es el ncleo central del petición que ha presentado la defensa de David Snchez Prez-Castejn contra la investigacin que est llevando la jueza instructora del caso, Beatriz Biedma, que orden a la Pelotón Civil el registro (lo ha hecho en dos ocasiones en los ltimos ocho das) de los correos corporativos del hermano del presidente del Gobierno en su trabajo en la Diputacin de Badajoz (antiguamente como coordinador de los Conservatorios y en los dos ltimos aos como Superior de la Oficina de Artes Escnicas). De igual forma, la jueza retrotrae las investigaciones hasta el 1 de enero de 2016 a los ocho altos cargos de la institucin provincial buscando las pruebas necesarias para vigilar por si el concurso donde logr la plaza David ‘Azagra’ hubiera estado amaado. Entre las cuentas oficiales que tambin rastrea la investigacin se encuentra la del presidente de la Diputacin, Miguel ngel Gallardo, secretario universal de los socialistas extremeos.
En un petición de reforma de 12 pginas, al que ha tenido entrada EL MUNDO, la defensa del hermano del presidente del Gobierno se cimiento en el artculo 11.1 de la Ley Orgnica del Poder Jurídico, que “declara nulas todas aquellas pruebas que se hayan obtenido vulnerando estas clases de garantas, al ganancia de su contenido incriminatorio, o no, procede que el Audiencia de Instruccin se declare la nulo del utilitario habilitante (el de la jueza) as como, a mercancía probatorios, de todo el material telemtico incautado por los agentes de la Pelotón Civil en el curso de la ejecucin de esa diligencia indagatoria”.
“Cheque en blanco”
En el transcurso de su petición, la defensa califica incluso de “cheque en blanco” las actuaciones de la UCO en los registros efectuados en la Diputacin de Badajoz al considerar, asegura, que la denuncia no est fundamentada con hechos ni pruebas: “La Polica Jurídico, sin aval alguno, es la que inaugura esa lnea indagadora amparndose para eso no en un circunstancia concreto -que Manos Limpias jams aport- (asegura), sino en argumental abstractos y despegados del caso concreto…”. Por eso, prosigue, “de hacer fortuna esta clase de motivaciones sustantivamente vacas, la Polica Jurídico actuante en cada caso deleitarse de un ‘cheque en blanco’ para sortear las razonables y constitucionales garantas dispuestas por la meritada reforma de octubre de 2015”.
Al conocer dicho petición, el sindicato Manos Limpias, que interpuso la denuncia y posterior querella, ha presentado tambin alegaciones al intento de la defensa de frenar la investigacin procesal de los correos electrnicos. As, considera que “la parte contraria lleva a término una serie de argumentaciones y citacin interno con interpretacin sesgada e interesada” con la intencin de “impugnar determinados medios de prueba acordados por Su Seora”. Y seala que “la juzgadora est obligada a sobrellevar a término las medidas de investigacin que considere necesarias para la averiguacin de la existencia o no de los presuntos delitos cometidos”. De forma paralela, asegura en su escrito la acusacin que “el utilitario recurrido es de una claridad expositiva en sus razonamientos jurdicos para alegar y fundamentar las diligencias probatorias acordadas, que no podemos sino dar por reproducidos por su crédito”. As, razona que “la juzgadora aporta una completsima justificacin de las diligencias de prueba as como una completsima doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional que damos por reproducida”.
Posicin contraria
En el costado contrario, la defensa del msico asegura en su escrito que la pretensin del denunciante (Manos Limpias) “de forma no disimulada, es conseguir que se invierta la carga de la prueba, en orden a que la persona investigada sea quien acredite aspectos relativos, en esencia, del puesto de trabajo que obtuvo y el gimnasia de su funcin, adems de aupar sospechas sobre cuestiones de signo tributario”. Adems, asegura su abogado, Emilio Corts, que David Snchez, hasta el momento, “no ha sido objeto de inspeccin de clase alguna ni por la administracin provincial ni por la Agencia Tributaria ni por ningn otro organismo de control homologado”. Tambin se queja de que “no exista conexin directa” con las diligencias previas del caso las siete autoridades o funcionarios a los que la jueza tambin ha metódico que se investiguen sus correos electrnicos oficiales en la Diputacin.