Hasta la fecha, el Ministerio Público no se había pronunciado a favor de investigar crímenes contra la humanidad y tortura durante el franquismo, pero en su informe recuerda que la nueva ley “impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”.
En concreto, el dictamen del Ministerio Público invoca el artículo 29 de la Ley de Memoria Democrática, que establece que el Estado “garantizará el derecho a investigar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas durante la guerra y la dictadura, así como las período comprendido entre la muerte del dictador y la entrada en vigor de la Constitución española”.
Carlos Vallejo fue quien presentó la denuncia, se trata de un sindicalista detenido dos veces a principios de los años 70 que fue víctima de torturas en la sede de Via Laietana por su actividad política y sindical, y va dirigida contra 6 agentes de la policía franquista . El pasado mes de junio, en esa misma denuncia, la fiscal del juzgado 18 de Instrucción de Barcelona se opuso a la admisión a trámite de la querella ya que a su juicio los delitos habían prescrito y que la Ley de Amnistía impedía ser investigados. La decisión ha sido revisada por Dolores Delgado.
Este caso se suma a otro ocurrido en Madrid donde un juzgado de instrucción aceptó la denuncia de un hombre que fue torturado en la Dirección General de Seguridad en 1975, en un caso en el que ya se ha tomado declaración a la víctima.