El juicio que ve en el banquillo a buena parte del clan Charlines por delitos de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas presuntamente ocurridos a mediados de los años 2000 ha comenzado este jueves ante la Sección Cuarta del Tribunal de Justicia. Penal de la Audiencia Nacional con un juzgado presidido por la jueza Ángela Murillo que ha decidido aplazar su decisión sobre todas las alegaciones de nulidad que las defensas han planteado al principio: se resolverán con la sentencia.
No son pocos. Los abogados de la decena de acusados -hijos, nietos y presuntos testaferros del conocido clan gallego- han sostenido ante el Tribunal que los hechos habrían prescrito en cualquier caso, pero también que los posibles delitos de blanqueo ya han sido juzgados. y sentenciado por la misma Audiencia Nacional en 2003, que la investigación fue “una salida de pesca” para buscar pruebas contra la familia y que las escuchas telefónicas no fueron acordadas con todas las garantías. También han introducido una nueva prueba.
La defensa de Josefa Charlín Pomares, hija del patriarca, abrió la sesión, y el resto de acusados se han sumado masivamente a cuyas conclusiones. Sostiene que en el caso ni siquiera se especifica la fecha ni el origen de los presuntos fondos ilícitos -“lo único que consta son dos cuentas abiertas en 1994 y 1995 de las que procedían los fondos”- que su cliente movió por una mera cuestión de canje. . de entidad bancaria. Desde allí, ha subrayado que “el delito de blanqueo de capitales no es imprescriptible”.
Había pedido suspender el juicio hasta que el tribunal se pronunciara sobre esas y otras cuestiones anteriores, como la nulidad de los audios ya que habían recogido conversaciones entre abogados y sus clientes. Una de las personas grabadas, de hecho, se ha identificado como uno de los “desafortunados” que fueron grabados. Ella estaba en la sala como abogada de uno de los acusados.
El fiscal antidrogas Luis Uriarte se ha opuesto a las afirmaciones de los acusados, destacando que el tribunal no puede pronunciarse sobre las pruebas sin haberlas comparado en el juicio. También ha emitido un aviso sobre la documentación aportada por distintas defensas, al considerar que hacerlo “a una semana del juicio” tras una investigación que ha durado 15 años, “representa un acto de mala fe procesal”. «Buscar algo, que es evitar la posible contradicción de esa evidencia. La Cámara debe tener esto en cuenta”, afirmó.
Durante su intervención, destacó que el origen de este caso es que una nieta de Manuel Charlín, el ya fallecido patriarca del clan y quien, según la Fiscalía, orquestó todo, se presentó en 2008 en la subasta de una depuradora de mariscos. que pertenecía a la familia y pujó por cerca de 800.000 euros que, según se supo después, le había transferido su madre, Teresa Charlín Pomares, un mes antes. Ése era el primer indicio, según ha apuntado, de un posible blanqueo que, lejos de lo que sostienen los acusados, no habría prescrito: no se trata sólo de sacar el dinero, el delito incluye su ocultación y transformación.
«Una sentencia absolutoria bajo el brazo»
Sí ha accedido a sacar del procedimiento a uno de los imputados como presunto testaferro, José Tato, cuya representación aportó un certificado médico que apunta a una demencia súbita. Una vez que un forense lo examine y prepare un informe completo, el caso será desestimado para él.
Tras un breve receso para deliberar, el tribunal ha acordado continuar con el juicio por el resto, en línea con los criterios Antidrogas, y ha dado paso al primer y único imputado que ha declarado ese día, el abogado Roberto Adán. al que la Fiscalía coloca como parte de una maniobra para ocultar bienes. Esa planta depuradora que la nieta de Manuel Charlín adquirió mediante licitación con el dinero que le había entregado su madre, no fue puesta a su nombre, sino que fue traspasada a una empresa constructora propiedad de Ramón Rodríguez Paz, también imputado.
Adán fue el abogado de este empresario en la transacción y según la Fiscalía consistió en un acuerdo con Teresa Charlín Pomares para que mantuviera el inmueble sin presentarse a ningún lado. Ante preguntas del fiscal y de su propio abogado, destacó que no había nada que objetar al inmueble ni a la venta, la cual se realizó porque Rodríguez Paz vio allí la oportunidad de saldar una deuda.
En cualquier caso, su defensa, como la del propio Rodríguez Paz, ha hecho hincapié en la “incongruencia palpable” de acusar de transmisión fraudulenta de un bien cuando el mismo seguía apareciendo en el registro a nombre de la nieta de Manuel Charlín, quien Lo compró en una subasta. Esta es una de las nuevas pruebas aportadas y tendrá que resolverse durante el juicio. De momento, el abogado de Adán ha subrayado que su cliente “era un abogado en ejercicio que recibió a una persona que llegó con una absolución bajo el brazo” y por tanto, no había nada que sospechar.
Las sesiones se reanudan el 9 de octubre.