La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha impulsado una batería de diligencias en el marco de una investigación abierta sobre la extracción ilegal de aguas subterráneas o superficiales de Doñana, con el fin de poder exigir responsabilidades medioambientales por el incumplimiento de la sentencia de la Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en 2021, dictaminó que este expolio estaba directamente relacionado con el deterioro de esta área protegida.
En concreto, según ha informado hoy esta organización, se ha acordado comunicarlo al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para solicitar “informes periciales a distintos organismos sobre los importantes efectos adversos que las extracciones ilegales pueden tener en términos del medio ambiente ecológico”. “Estado químico, químico y cuantitativo de las masas de agua superficial o subterránea” de la zona.
Asimismo, exige un informe sobre “la posibilidad de alcanzar o mantener el estado favorable de conservación de los hábitats o especies silvestres afectados” por estas prácticas, para “poder exigir responsabilidad ambiental a empresas y profesionales, públicos o privados, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectando al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos.
Las diligencias, que están a cargo del fiscal especializado en lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional Manuel Campoy, se iniciaron el pasado 23 de mayo, después de que la Comisión Europea dejara por escrito que la regularización de 750 hectáreas de regadío ilegal en Doñana que planeaba la Junta de Andalucía podía “violar la legislación de la UE en materia medioambiental” y que era responsabilidad de las autoridades españolas cumplir la sentencia del TJUE.
Responsabilidad ambiental
El fiscal razonó entonces que la Fiscalía “puede y debe impulsar la acción de la justicia para garantizar el cumplimiento efectivo” de esa resolución sobre Doñana y que en el caso de la Audiencia Nacional, es competente para hacerlo al ser la instancia que tiene a su cargo todas las actuaciones administrativas que son competencia, entre otros, de los órganos superiores de la Administración General del Estado.
Ahora se abren diligencias para ahondar en la posible existencia de responsabilidad ambiental y “para garantizar la adopción de las medidas necesarias” impuestas por el tribunal europeo, donde se demostró que “una de las causas significativas del deterioro” de Doñana “está implicada en la existencia de una extracción abusiva e ilegal de aguas subterráneas”.