Dirigentes del PSOE andaluz llevaban días amagando con sufrir a los juzgados a todo aquel que le acusara de «robar» 680 millones de euros de fortuna sabido, posteriormente de que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado la sentencia contra 15 ex altos cargos condenados en firme. Pero hasta este jueves la formación que dirige Juan Espadas no ha consumado sus amenazas.
Coincidiendo con el candado del curso político, el partido ha formalizado cuatro demandas contra merienda dirigentes y cargos del PP y Vox por supuestas injurias y calumnias. El PSOE andaluz da el paso de presentar sus demandas con el incentivo que supone que la mayoría progresista de víscera de garantías concediera un amparo parcial a los expresidentes de la Congregación de Andalucía y del partido Manuel Chaves y José Antonio Griñán y obligara a redactar nuevas sentencias a la Audiencia Provincial de Sevilla rebajando las penas a los condenados al ver quebrantados algunos derechos fundamentales.
El PSOE andaluz ha presentado hasta cuatro querellas contra cinco miembros del PP y otros seis dirigentes y cargos de Vox, según detalló Espadas a los periodistas en los pasillos de la Cámara. En presencia de el Curia de primera instancia de Madrid ha dirigido una demanda contra el vicesecretario común de Política Autonómica y Municipal y Disección Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, y el portavoz del Comunidad Popular en el Congreso, Miguel Tellado, y otra en la misma instancia contra María José Rodríguez Millán, portavoz del Comunidad Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, acompañada de las declaraciones vertidas en redes sociales o comparecencias públicas.
En Andalucía, frente a el Curia de Primera Instancia de Sevilla, el partido de Espadas ha registrado una tercera demanda por injurias y calumnias contra el secretario común del PP andaluz, Antonio Repullo; el consiliario de la Presidencia, Antonio Sanz, y el consiliario de Imparcialidad, José Antonio Nieto.
La cuarta querella del PSOE andaluz, a la que se adhiere el propio Espadas a título particular, se dirige contra cinco cargos de Vox en Andalucía: el portavoz parlamentario, Manuel Gavira, los diputados Javier Cortés y Ana María Ruiz, así como contra dos concejales de dicho partido en el Comunidad de Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo y Gonzalo García de Polavieja. Algunos de éstos se concentraron el pasado 15 de julio para protestar a las puertas de la sede regional del PSOE-A en la calle San Vicente de Sevilla.
El secretario común del PSOE andaluz, Juan Espadas, anunció la interposición de demandas de conciliación como paso previo a las citadas querellas durante su interpelación al presidente andaluz, Juanma Bronceado. «Tienen ustedes preparadas las demandas para que recapaciten», dijo refiriéndose a dirigentes de Vox y PP. Animados por el protagonismo que les brindaba, los diputados de la formación de Santiago Abascal se pusieron en pie para aplaudirlo. «No nos van a callar, los nombres y apellidos de la corrupción en Andalucía son los del PSOE», manifestó el portavoz de Vox, Manuel Gavira, en los pasillos.
Toni Martín desafía al PSOE a denunciarlo
El portavoz del Comunidad Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, que criticó el «relato delirante» que «intenta construir el PSOE andaluz para blanquear el caso de los ERE», se presentó como candidato para que Espadas presentara contra él una querella. «Aquí está mi DNI para presentarme a mí la primera demanda», dijo en su intervención durante la sesión de control al Gobierno, mostrando su carné.
Antiguamente, Espadas había pedido a Bronceado que diera «instrucciones claras» a sus compañeros del PP para que «dejen de opinar barbaridades» como que «robamos 680 millones de euros». Es la cuantía de fortuna sabido que se repartió mediante un procedimiento de ayudas sin control y caprichoso por los gobiernos socialistas entre 2000 y 2009, según las sentencias de la Audiencia.
En su cara a cara con el presidente de la Congregación, Juanma Bronceado, en el Pleno del Parlamento, Juan Espadas, le ha preguntado si acataba las sentencias del TC que estima parcialmente los capital de amparo de diez condenados por el procedimiento específico de ayudas de los ERE, «le guste o no el contenido». Le ha reprochado que miembros del Ejecutor andaluz y del PP abunden en la «deslegitimación» del víscera de garantías, posteriormente de que el PP y PSOE han llegado a un acuerdo para nombrar a un magistrado del TC del liga conservador.
Espadas ha lamentado que desde el Gobierno andaluz «siguen afirmando lo que el Tribunal Constitucional ha anulado», y «siguen diciendo, posteriormente de conocidas las sentencias» del tribunal de garantías, que «hubo una trama corrupta, una confabulación política, como dijeron desde el principio, que hubo una trama para defraudar capital públicos, para costar un sistema de ayudas», y que antiguos cargos socialistas «defraudaron y robaron 680 millones de euros a los parados andaluces».
«Eso es inexacto y lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional», ha sentenciado Juan Espadas, quien ha proclamado que «no ha habido ningún complot del Partido Socialista ni de los Gobiernos socialistas para defraudar fortuna sabido a los andaluces».
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