ERC ha hecho divulgado, este martes al mediodía, el preacuerdo firmado con el PSC para que Salvador Illa sea investido presidente de la Generalitat de Cataluña a cambio de los 20 diputados independentistas de ERC del Parlament. El documento, de 25 páginas, que debe ser ratificado por las bases del partido de Marta Rovira este viernes, incluye las líneas generales en múltiples ámbitos de acto para conformar la asamblea y no solo la investidura del líder del PSC. A errata del incremento de algunos aspectos, en lo referente a la financiación de la Generalitat el preacuerdo señala, básicamente, lo que a última hora de la tarde de ayer avanzó la portavoz de ERC, Raquel Sans: Cataluña disfrutará de un concierto crematístico.
El preacuerdo tiene como objetivo, más allá de la investidura de Illa, que Cataluña «gane soberanía». Y para ello se han determinado distintas medidas. Así, el meollo de la cuestión económica se concreta en que será la Generalitat quien «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña» y será esta empresa la que «aumente sustancialmente la capacidad legislatura en coordinación con el Estado y la Unión Europea». La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se encargará de esta tarea, que solo dejará al ganancia los impuestos de «naturaleza recinto», que seguirán como hasta ahora.
De la misma modo, en la confín de lo defendido por ERC, a diferencia de lo que ha dicho siempre el PSC, el nuevo maniquí será prácticamente igual que el que ya se aplica en el País Vasco y Navarra. E incluirá el cuota al Estado por lo servicios que este ofrece en Cataluña y una cuota solidaria. «La contribución catalana a las finanzas del Estado integra la contribución por el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña y la contribución a la solidaridad», se fija enojado sobre blanco en el documento.
Esta «contribución» del Estado en Cataluña «se establecerá a través de un porcentaje de décimo en los tributos». Y la solidaridad será «explícita» y debe ser «transparente», ya que esta contribución solidaria estará sujeta a unos condicionantes. Uno será que los gobiernos autonómicos receptores de la cuota catalana «lleven a agarradera un esfuerzo fiscal igualmente similar» y otro, que estará «limitada por el principio de ordinalidad», un cálculo teórico que no se cumple en ningún país, siquiera en Alemania, y que básicamente consiste en que las comunidades reciben en función de su contribución, lo que es contrario, en principio, con la redistribución.
En esta confín, PSC y ERC han pactado que la ATC sea el corporación encargado de encargarse las competencia de la Hacienda doméstico. Será de modo progresiva para que, finalmente, la ATC tenga la competencia de «todos los tributos generados en Cataluña por medio del adiestramiento de las potestades y funciones administrativas de balance, cuestación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos, con el uso, cuando corresponda, de los mecanismos previsto por la ley».
Acuerdos bilaterales y modificaciones legislativas
Para «implementar este nuevo sistema de financiación singular para Cataluña» que, aunque en el documento no se concreta supone de facto la salida de la región del sistema popular de financiación autonómico, se pondrá en marcha el acuerdo «durante» el primer semestre de 2025 desde la Comisión Doble Estado-Generalitat, es sostener, al ganancia del multilateralismo que supone, por ejemplo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En 2025 se impulsarán los acuerdos de la Comisión Doble mediante «las modificaciones legislativas necesarias» y, una vez acordadas de modo sinalagmático, se llevarán al CPFF para que se aprueben (el Gobierno solo necesita el apoyo de una comunidad para aprobar sus medidas).
Estas «modificaciones legislativas» irán dirigidas a que sea la Generalitat la que asuma progresivamente «la dirección, la cuestación, la balance, la inspección y la disponibilidad de todos los impuestos soportados en Cataluña», «el aumento sustancial, por parte de la Generalitat de Cataluña, de la capacidad legislatura tributaria en coordinación con el Estado y la Unión Europea» y modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y la Ley de Cesión de Tributos a Cataluña, a medida que se van acordando.
El documento fija cual será el primero de los tributos que se traspasará: «El primer tributo que se avanzará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo maniquí de financiación será el IRPF». Y se ejecutará en 2026. Es sostener, ese será el año en que los ciudadanos de Cataluña dejen de remunerar el IRPF al Gobierno de España para hacerlo a la Generalitat por su contribución realizada en 2025.
Mientras tanto, hasta que se aplica el concierto crematístico en su totalidad, que no hay época concreta en el preacuerdo, se han establecido unas «acciones» con las que los socialistas se han comprometido. De esta modo, el Gobierno incrementará sustancialmente los fortuna de la Generalitat para «compensar los desequilibrios que se han producido en la vigencia del coetáneo maniquí» de financiación, que debía haberse renovado en 2014. Este «incremento sustancial de fortuna» no se concreta ni cuantifica. Adicionalmente, se respetará la «ordinalidad según la capacidad fiscal» para que Cataluña reciba en función de lo que aporte a la caja popular, mientras siga en ella. Este será «un cambio estructural del sistema de financiación, que en caso de no adoptarse durante 2025 requerirá de medidas compensatorias».
En este sentido, para ir acotando la solidaridad con otras comunidades, «la contribución» de Cataluña será «explícita» y «ha de reflectar de modo transparente cuánto aporta y cuánto recibe, de modo que la contribución a la solidaridad de Cataluña sea conocida y reconocida». Igualmente, hasta que la región tenga la caja de la clave y pueda disponer de todos los fortuna, el Gobierno debe seguir garantizando las «competencias no homogéneas» que tiene la comunidad y no otras zonas de España, que no quedan definidas en el preacuerdo: «En el cálculo de las deyección de desembolso a financiar en Cataluña se ha de tener en cuenta todas las variables relevantes, como ahora el aumento de la población en momento escolar o el autor de envejecimiento, para reflectar adecuadamente las singularidades propias de Cataluña«.
El documento igualmente hace relato a las inversiones del Estado y para «hacer frente al obligación de inversiones en Cataluña» se creará «un consorcio paritario Estado-Generalitat» que tendrá como objeto «la dirección y la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña». ERC y PSC han determinado que se defina «un situación plurianual de financiación» vinculado al consorcio para que tenga de relato «la media de inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado». Es sostener, «se establecerá la financiación para el cosorcio en una guarismo equivalente a la aplicación de la ratio sobre el PIB que se presupuesta».
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