El director de Noticiario 2, Vicente Vallés, analiza la osadía de Puigdemont de no apoyar el techo de compra y el apelación contra la ley de perdón presentado por el Supremo en presencia de el Constitucional.
Un año a posteriori de las elecciones generales, esta semana se ha evidenciado en el Congreso que la mayoría parlamentaria que facilitó la investidura de Pedro Sánchez era solo eso: una mayoría parlamentaria para la investidura, pero no para la asamblea.
Puigdemont ha demostrado lo que ya se podía suponer: que Moncloa podrá mandar solo si se lo permiten desde Waterloo. Y siempre será a cambio de poco. Hace unos meses, el plazo a cambio de la investidura de Sánchez fue la ley de perdón. Y esa ley no deja de provocar choques continuos en el ámbito político y en el jurídico.
El nuevo episodio lo protagoniza el Tribunal Supremo, que es donde se juzgó a los líderes del proceso independentista: recurren la ley de perdón en presencia de el Constitucional. Y es importante detenerse en la terminología inequívoca de ese apelación, porque dice sin rodeos que el proceso independentista fue un impresión de Estado, y que la perdón atenta contra el principio de igualdad de los españoles.
Pero Moncloa confía en que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional desmonte este apelación del Supremo, igual que ha desmontado la sentencia de los ERE fraudulentos del PSOE andaluz.
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