La Protección Civil ha detenido a cinco trabajadores del Centro de Menores de Ateca, por supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad casto, ataque sexual, corrupción de menores y pertenencia a género criminal, cometidos con destino a menores internos en dicho centro. Todos ellos han quedado este viernes a disposición legal.
Los detenidos son el director del CAM, dos educadores y dos auxiliares. La jueza titular del chancillería Cerilla número 2 de Calatayud, Aida Ramírez, encargada de la investigación legal, les va a tomar confesión a lo extenso de la mañana.
Paralelamente, la jueza ha dictado esta mañana un automóvil de medidas cautelares decretando el obturación provisional del centro.
En el automóvil expresa la instructora que “en el presente caso, existen indicios suficientes de los que se infiere racionalmente la comisión de delitos contra la integridad casto, tortura, lesiones, ataque sexual y pertenencia a género criminal, por parte de los investigados, tal y como se deduce del contenido de las exploraciones judiciales de los menores denunciantes, de las declaraciones testificales practicadas a personal trabajador del centro, de los informes forenses y de los datos obrantes en el atestado policial”.
A la demora de la notificación legal
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Grupo del Gobierno de Aragón han indicado que la investigación policial está en curso y que no han recibido la notificación del obturación provisional del centro.
Lo que corresponde al Ejecutante autonómico, han continuado, es “que el centro funcione internamente de la normalidad, que los que están internamente estén atendidos y su bienestar esté asegurado, y que todo esté activo y funcionando”, han señalado las mismas fuentes.
El Radio de los delitos contra las personas de la Mecanismo Orgánica de Policía Procesal de la Protección Civil de Zaragoza ha llevado a extremo una investigación que ha permitido detener a los cinco trabajadores.
La investigación se inició como consecuencia de varias denuncias interpuestas en dependencias de Policía Franquista de Zaragoza, por parte de la progenitora de un último que se encuentra interno en el citado centro, en las que exponía unas supuestas lesiones con destino a su hijo por parte de los educadores.
Los especialistas de Policía Procesal de la Protección Civil de Zaragoza, nulo más conocer estos hechos, iniciaron de inmediato una investigación para compulsar los hechos denunciados durante la que se han realizado multitud de gestiones y tomado manifestaciones a varios empleados del centro, así como a la supuesta víctima.
Como resultado de la información obtenida se pudo determinar que los educadores, con el conocimiento del director del centro, habrían estado llevando a extremo una serie de acciones con destino a el último en cuestión que no se ajustarían al protocolo de trato con destino a los internos y que podrían incurrir en hechos delictivos.
Las actuaciones se basarían en episodios de aislamiento, tratos degradantes y vejatorios, así como lesiones producidas por determinados educadores que le habrían maltratado en el interior de una habitación, a la que habrían tapado la ventada de la puerta previamente y cerrado la misma con zancadilla, antaño de llevarse a cabo tales agresiones.
Encima, se constató cómo al último se le habrían realizado inmovilizaciones físicas que no habrían sido registradas, tal como indica la norma de representación en estos centros de menores, y que de las mismas tenía conocimiento el responsable del centro, el cual habría indicado que las mismas no fuesen registradas.
Todos los hechos relatados que habría sufrido el último, que se intensificaron desde finales del mes de junio, habrían provocado en él una inseguridad de estancia en el centro, así como un sentimiento de temor por su vida. Una situación que finalmente comunicó a una de las trabajadoras y que fue puesta en conocimiento por esta persona al director del centro de menores el cual, no observó que el procedimiento que se efectuaba con el último fuese contrario al protocolo de representación con los internos.
Igualmente, los investigadores conocieron que el responsable del centro, en una ocasión, solicitó a un empleado retrete que realizase un mensaje que mostrase que el último no presentaba ningún tipo de ofensa, petición a la que dicho trabajador se negó en rotundidad a emitir un mensaje desleal.
Más víctimas
Durante la operación los investigadores determinaron la existencia de más víctimas internas en dicho centro, obteniendo indicios sobre hechos delictivos relativos a ataque sexual, así como de corrupción de menores, llevados a extremo por varios educadores, durante los últimos meses.
Frente a los indicios obtenidos, que evidenciaban los hechos delictivos descritos anteriormente, llevados a extremo por parte de cuatro trabajadores del centro de atención de menores y del coetáneo director del mismo, en la mañana de este jueves 1 de agosto, la Guardia Civil procedió a la detención de estas cinco personas.
Se les imputan supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad casto, ataque sexual, corrupción de menores y pertenencia a género criminal. Todos ellos han quedado este viernes a disposición legal.