La Consejería de Imparcialidad, Dependencia Tópico y Función Pública ha informado este sábado, en un comunicado, de que un total de 13.256 cordobeses solicitaron el año pasado audiencia jurídica gratuita. De ellos, el 84,7% (11.233) resultaron beneficiarios de este derecho que prestan los profesionales de la Jurisprudencia y la Procura del turno de oficio, cuyas retribuciones asume el Gobierno regional, recordó la delegada del ramo, Raquel López, para «certificar el derecho fundamental del comunicación a la Imparcialidad a cualquier persona independientemente de sus posibles económicos».
Solo 1.334 solicitudes fueron denegadas. En la mayoría de los casos porque la persona no cumplía los requisitos para obtener a este derecho (1.304) y en 30 asuntos porque las Comisiones provinciales de Auxilio Jurídica Gratuita consideraron que la pretensión era inviable o indefendible. En 568 casos se dictó una resolución de archivo y en otros 121 los expedientes están por resolver o se impugnaron.
La Consejería de Imparcialidad recordó que tienen derecho a audiencia jurídica gratuita las personas cuyos ingresos anuales brutos no superen dos veces el Iprem ( Indicador Sabido de Renta de Pertenencias Múltiples, fijado por el Estado); 2,5 veces en el caso de familias con dos o tres miembros y tres veces este indicador para familias con cuatro miembros o más. Asimismo, sin frontera de ingresos, las víctimas de violencia de existencias, de terrorismo y de comercio de seres humanos en los procesos relativos a estas materias; los menores y las personas con discapacidad en casos de abusos o maltrato; y las personas con secuelas tras un incidente que les impidan realizar su actividad profesional y requieran ayuda para su vida cotidiana, en los procedimientos de protesta de indemnización de daños personales y morales sufridos.
Desde Imparcialidad, se explicó que en 2023 en la provincia, por jurisdicciones, los abogados y procuradores del turno de oficio asistieron sobre todo a personas inmersas en procesos penales (5.831), seguidos de los civiles (4.714) y, en último medida, contenciosos, sociales, militares u otros (688).
Subida de retribuciones
López destacó la «encaje social que realizan estos profesionales» y el «esfuerzo de la Consejería por mejorar tanto las cuantías que perciben como compensación como los plazos de plazo». Los profesionales que prestan este servicio certifican sus actuaciones de forma trimestral, tras lo que Imparcialidad procede al mantillo de estos, a través de los colegios profesionales, una vez que éstos presentan a la Reunión las certificaciones de las asistencias hechas por sus colegiados.
La delegada de Imparcialidad indico que desde el 1 de enero de 2024 está actual la nueva orden reguladora de las retribuciones que reciben los profesionales del turno de oficio, consensuada con los colegios profesionales, que actualizan éstas por primera vez desde 2009. Recoge, siguió, «subidas medias del 15% en las cuantías que perciben y la inclusión de procedimientos que antaño no se incluían en la Imparcialidad Gratuita con la mediación, por la que los letrados que lleguen acuerdos reciben hasta 400 euros». Subrayó que «impulsamos la mediación para dominar la excesiva litigiosidad que sobrecarga de trabajo a los juzgados y a los abogados».