Hace ahora un año, Pedro Sánchez decidió fiar su suerte política a la figura de Carles Puigdemont. Le concedió una presidenta del Congreso lo más cercana interiormente del PSOE a sus intereses como Francina Armengol; la presentación del catalán y el resto de lenguas cooficiales en las Cortes, de una modo tan rápida que se empezó a aplicar antaño incluso de modificar el reglamento de la Cámara Pérdida; el impulso a la misma idioma en la Unión Europea (UE), donde se empleó a fondo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y, claro, la perdón.
Este postrero fue el plazo que más costó, y cuyas literatura no vencieron, ni mucho menos, cuando los siete diputados de Junts per Catalunya permitieron la investidura del pasado noviembre. Reuniones de tapadillo tanto en Bruselas como en Ginebra, fotos de Santos Cerdán adyacente a urnas del 1-0, un mediador internacional, enmiendas que hacían cada vez decano ese olvido reglamentario del ‘procés’ e incluso una votación sobre la ley que Junts tumbó, para retomarla de nuevo con más exigencias hasta su aprobación definitiva. Pero ni todo eso ha servido para que la reunión funcione.
Junts hizo caer el pasado 23 de julio la senda de débito, primer paso en el camino de los Presupuestos. Y eso que todavía Sánchez no había amarrado con ERC la investidura de Salvador Illa. Ahora, Puigdemont tiene menos incentivos aún para facilitarle el mandato al líder socialista. En su carta de ayer, que presagia un muy inminente regreso a España, el expresidente catalán fugado retó abiertamente al presidente con su eventual encarcelamiento cuando pise suelo castellano. E incluso se mofó de su denuncia de una persecución en su contra por la investigación procesal por presunta corrupción contra su mujer, Begoña Gómez, cuando lamentó que haya «más escándalo porque un sentenciador impute a la mujer del presidente del Gobierno» que por el hecho de que «el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha permitido esta reunión, la única ley de perdón aprobada desde la entrada en vigor de la Constitución».
El aviso a navegantes parece claro, y presagia nuevas dificultades con un Puigdemont cada vez más irritado. Todo ello aun cuando Sánchez haya acabado uno de sus objetivos mayores, el de que Illa presida Cataluña, retomando una cohabitación de dos socialistas en Moncloa y en Sant Jaume que no sucedía desde 2010, postrero año de José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla, respectivamente, al frente de los gobiernos central y catalán.
Pero precisamente la derrota política en Cataluña de Puigdemont, que volverá, pero no como quería para ser aclamado (e investido) como presidente, no presagia tiempos tranquilos en la política franquista. Más aún si se tiene en cuenta la sempiterna disputa por la hegemonía independentista entre Junts y ERC, a la que Puigdemont culpó ayer nadie menos que de ser responsable de su futura detención. La negociación del concierto crematístico para Cataluña que contempla el acuerdo de investidura con los republicanos, y que ya ha puesto en pie de supresión esta semana a buena parte de las principales federaciones autonómicas del PSOE, será en ese sentido un campo de batalla nadie desdeñable.
Ayer la Ejecutiva del PSC ratificó en Barcelona el pacto con ERC y en un breve discurso Illa se comprometió al «cumplimiento de modo íntegra» de lo firmado. De la cesión, por consiguiente, del 100% de los impuestos, IRPF incluido. Una palabra que sin duda le ha tomado ya Puigdemont. Un año a posteriori de embarcarse en el camino por el que salvó otra investidura, Sánchez sigue caótico en una precariedad parlamentaria que la presidencia de Illa no solo no soluciona, sino que agrava.