El número de mujeres que ejerce la prostitución en clubes de alterne Castilla y Valiente se ha incrementado en el postrero año un 24,7 por ciento y supera el millar de personas, la emblema más ingreso del postrero quinquenio. Encima, a esta emblema habría que sumar incluso la de aquellas que son explotadas en pisos clandestinos y cuyo número se incrementó correcto a la pandemia.
Sólo el pasado año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron en la Comunidad a 30 mujeres que estaban siendo obligadas a prostituirse y en 25 casos pudieron demostrar que las víctimas habían llegado a esa situación tras caer en las redes de una costado organizada de alcahuetería de seres humanos. En total, en los últimos cinco primaveras, la Urbano Civil y la Policía Doméstico han rematado que 159 mujeres dejaran de ser sometidas en la Comunidad a esta esclavitud, según se advierte en un documentación del Servicio del Interior sobre la alcahuetería y explotación de seres humanos al que ha tenido ataque Ical.
El perfil mayoritario de las víctimas de alcahuetería con fines de explotación sexual que acaban llegando a Castilla y Valiente es el de mujeres de entre 23 y 27 primaveras procedentes de Paraguay, Brasil, Colombia y países el Este de Europa, en situación de vulnerabilidad y criadas en el seno de familias pobres. Encima, lo hacen engañadas con la promesa de que tendrán un trabajo digno, aunque en algunas ocasiones, pese a conocer lo que les paciencia, no son conscientes de las condiciones inhumanas que los proxenetas les imponen.
En el caso de Castilla y Valiente, detrás de esta explotación no se encuentran grandes mafias o grupos organizados a gran escalera, y sí grupos criminales muy cerrados y pequeños, según explica el cabecilla de la mecanismo de Policía Contencioso de la Urbano Civil en la Comandancia de Salamanca, el capitán Antonio Barreiro. Al frente de los clubes de alternes, al menos en la provincia charra, están personas «autóctonas» que cuentan con pequeñas redes de captación de las víctimas en países de origen, integradas por dos o tres personas que por lo común son amigos o familiares. Una vez en España, se les comunica la deuda contraída, que suele oscilar entre los 3.500 y los 4.000 euros, y los proxenetas obligan a las mujeres a trabajar seis días a la semana, con un pequeño de tres servicios sexuales por oscuridad. De media, incluidas las copas, el dueño del prostíbulo exige por oscuridad a cada víctima unos ingresos de cien euros. Un recinto en el que sean explotadas una docena de chicas puede salir a ocasionar unos ingresos anuales de medio millón de euros.
Inspecciones
La Urbano Civil realizada como pequeño dos inspecciones anuales en todos los clubes de alterne de la Comunidad y, mediante personal formado en la alcahuetería de seres, mantiene entrevistas personales con todas las chicas con el objetivo de destapar casos de alcahuetería.
Una de la operación más importantes contra la alcahuetería de seres con fines de explotación sexual se desarrolló el pasado año en Salamanca. La Guardia Civil logró liberar a nueve víctimas, detuvo a un macho natural de Portugal, e investigó a varios miembros del rama criminal que se encontraban fuera de España. Y descubrieron que estaban construyendo otro recinto al que se accedía por un túnel.
Una de las principales dificultades que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para contender contra esta huella es conseguir una manifiesto de las víctimas que sirva de denuncia para poder detener a los explotadores y que sean juzgados. Según reconoce el capitán Barreiro, las víctimas, conocedoras que están en un situación irregular, son reacias a denunciar por el miedo a ser deportadas a su país de origen y por temor a las consecuencias que pueden tener para su grupo. Encima, añade, el «miedo» que tienen al desconocer los derechos que las amparan y que pueden salir a regularizar su situación al colaborar, así como el temor delante sus familias, a las que logran remitir fortuna.
Coincidiendo con la pandemia, en el año 2020 la Reunión puso en marcha el esquema ‘Atrapadas’, una red a través de la que la Consejería de Tribu e Igualdad de Oportunidades presta atención integral a mujeres en situación administrativa irregular que se encuentran en contextos de prostitución y son posibles víctimas de alcahuetería. Contempla proveer un alojamiento, tanto para ellas como para sus hijos, dispensación de productos de comestibles e higiene, potenciar su inserción profesional y facilitarles ayuda psicosocial. Desde su puesta en marcha y hasta el pasado mes de abril ha prestado atención 12.132 mujeres en Castilla y Valiente. En 2021 fueron 3.112, mientras que en el pasado año fueron 2.677.