El Congreso ha tumbado el vallado por el paréntesis veraniego con medio centenar de leyes en tramitación y, de ellas, más de la medio acumulan entre dos y ocho meses de parón con sucesivas prórrogas acordadas por la Mesa de la Cámara donde el PSOE y Sumar tiene mayoría. El corte afecta incluso a seis proyectos del ley del propio Gobierno de coalición, congelados pese a que, en teoría, se tramitan por el procedimiento de necesidad. El más antiguo de estos proyectos es el que crea la Agencia de Sanidad Pública, que superó el debate de totalidad en febrero y desde entonces suma ya 20 ampliaciones del plazo para presentar enmiendas.
Por su parte, la ley de movilidad sostenible, la ley de familias y la que pretende avivar la tramitación de reclamaciones de consumidores, van a suceder como poco medio año esperando a suceder el primer filtro del Pleno, pues la presentación de enmiendas de totalidad se ha prorrogado hasta septiembre. Y lo mismo pasa con la relativa a la de defensa del cliente financiero, que el Gobierno envió a la Cámara en abril. Ese mismo mes se dio luz verde a la discusión de la ley que crea la Oficina de Derechos de Autor pero habrá que esperar a posteriormente del verano para cerrar el plazo para las enmiendas parciales.
Encima, hay otros cuatro proyectos de ley del Gobierno que recalaron en la Cámara en junio -sobre navegación aérea, universalidad del sistema franquista de vigor, responsabilidad civil y seguro de circulación e impuesto complementario para grandes empresas- que aún no han sido tomados en consideración por el Pleno. Además se convalidaron en junio y se tramitaron como proyectos de ley el decreto que prorroga la suspensión de desahucios, el de descuentos para jóvenes que viajen en autobús o tren en verano y el que búsqueda mejorar el nivel asistencial de la prestación por desempleo. La presentación de enmiendas de totalidad a todos ellos será como pronto en septiembre.
Igual sucede con otros cuatro proyectos de ley aprobados por el Gobierno durante junio y julio, pese a que han pedido su tramitación por el procedimiento de necesidad: la nueva Ley del Cine, la que búsqueda consolidar la equidad en el sistema de vigor, la de Función Pública y la que regula el comercio de derechos para la difusión de gases con meta invernadero.
Decretos anticrisis
Encima, hay cuatro proyectos de ley a los que ya se han presentado enmiendas pero cuya tramitación sigue paralizada porque no se ha convocado la ponencia para discutirlas. Dos de ellos tienen su origen en sendos decretos leyes que fueron aprobados en diciembre por el Gobierno y se convalidaron en enero pero se tramitaron como proyectos de ley.
Es el caso de uno de los llamados decretos anticrisis -con medidas que ya han sido prorrogadas en decretos posteriores- y del de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio sabido de probidad, función pública, régimen circunscrito y mecenazgo. Pese a que los dos se tramitan por la vía de necesidad y las enmiendas se presentaron hace cinco meses, siguen sin avanzar.
Desperdicio alimenticio
Con las enmiendas listas desde finales de marzo, está la transposición de la Directiva europea para a unas condiciones laborales transparentes, que asimismo se tramita de necesidad, y el esquema de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimenticio, con la ponencia irresoluto desde finales de mayo. Y siquiera se han discutido aún las enmiendas registradas a la reforma del Reglamento del Congreso para adaptarlo al idioma inclusivo de índole, pese a que están registradas desde el 23 de mayo y asimismo va por vía urgente.
Encima hay “congeladas” hasta ocho proposiciones de ley impulsadas por grupos parlamentarios. El récord de hibernación -ocho meses- los tienen textos firmados, por Sumar y ERC. La de Sumar persigue la despenalización de determinados delitos de opinión, la de ERC para concluir con la trabajo de venir a convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes.