En Ateca, una pueblo de 1.700 habitantes de la provincia de Zaragoza, cuatro de los trabajadores del centro de menores, bajo el consentimiento de su director, ejercieron fuertes torturas y agresiones sobre varios de los internos, lo que ha provocado su detencin y su ingreso en prisin sin fianza.
As lo ha decretado la jueza del audiencia de Instruccin n2 de Calatayud, quien est dirigiendo el caso, tras considerar la declaracin de dos los menores internos, una chica de 17 aos y otro de 16, que han relatado “de forma clara y detallada episodios de maltrato fsico y psicolgico, as como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo, de cuya existencia era conocedor el detenido (en remisión al director)”.
Sobre dicho maltrato, el varn relata que “le obligaron a estar de pie injustificadamente durante horas con los brazos en stop, que no ingiri alimento durante das y que lleg a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse”. Por su parte, la chica cuenta que “desde su presentación al centro en el ao 2021, la insultaban y le hacan comentarios de carcter sexual acerca de su raíz, la agredan injustificadamente mediante bofetadas, empujones y contenciones desproporcionadas y, le quemaban cigarrillos en los brazos y en las piernas“, poco que la magistrada ha podido constatar al ver las marcas de las quemaduras.
Estos hechos eran realizados por los cuatro trabajadores detenidos, de los que dos de ellos “no tenan cualificacin ni titulacin”, y bajo el consentimiento del director de la instalacin, sobre el que los dos menores han manifiesto que “desde su ingreso, tuvo sobre ellos una posición de despreocupacin absoluta, ya que nunca llev a promontorio correcciones ni sanciones a los trabajadores, pese a las quejas del resto del personal y sus advertencias”. Adems, uno de los enfermeros revela que el detenido le lleg a solicitar que hiciera un crónica falsificado sobre el estado fsico de uno de los menores.
Para la instructora, esta posición del director “supone un manifiesto incumplimiento de sus funciones como fiador del cuidado y salvaguarda de los menores desamparados y en situacin de exclusin abierto y social, como personal de un servicio pblico”, por lo que considera como un cooperador necesario de un delito de integridad honrado.
Adems, la jueza asume estos hechos como “una clara muestra de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores, vindose absolutamente desamparados e impedidos para conversar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y a no ser credos, ya que los detenidos siempre les recriminaban que “nadie les creera” y que “no los queran ni sus familias”“.
El centro ha sido cerrado de modo provisional y el Gobierno de Aragn trabaja para planificar la reubicacin de los menores en otras instalaciones de la regin. “Todas las acciones llevadas a promontorio en las ltimas horas y las que se estn realizando ya tienen como objetivo avalar el bienestar y la seguridad de los menores que estn bajo la municipal y custodia de la Administracin”, explican desde el Ejecutor.