La formación liderada por Prohens pide a sus aliados de Vox que retiren o rehagan el proyecto de ley que presentaron sin pactarlo con su grupo parlamentario
Apenas 24 horas después de que Vox registrara en el Parlamento Balear un proyecto de ley para regular la creación de una oficina de defensa de la libertad lingüística, el PP ha salido públicamente a desautorizar el texto propuesto.
Tanto el portavoz del Partido Popular en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras, como la portavoz del Govern balear y mano derecha de la presidenta autonómica, Marga Prohens, han manifestado su oposición al proyecto legislativo de sus aliados, gracias a cuyo apoyo Prohens prestó juramento como presidente. Julio pasado.
El acuerdo firmado entre ambas partes contemplaba la creación de una Oficina de Garantías para la Libertad Lingüística. Una exigencia de Vox que, sobre el papel, debería servir como órgano de seguimiento para combatir posibles vulneraciones de derechos en el uso de las lenguas cooficiales.
Entre bastidores, Vox espera que esta oficina sirva para proteger el español de las imposiciones catalanas y proporcione una herramienta de denuncia a los ciudadanos que consideran vulnerados sus derechos a utilizar la lengua oficial española.
El cargo fue pactado entre ambas partes, pero no sus detalles. Tras una larga negociación, Prohens aceptó esta concesión a cambio del apoyo de Vox, como medida complementaria.
Ayer, como informó El Mundo, el partido liderado por Santiago Abascal registró en el Parlament Balear un proyecto de ley para regular el nuevo organismo, la oficina de protección del uso del español.
El texto no había sido comunicado previamente al PP, que discrepa de su contenido en aspectos importantes, y se pregunta si podría entrar en colisión con el Estatuto de Autonomía. “No aprobaremos en el Parlament una ley que va contra el Estatuto”, afirmó tajantemente el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa. Los de Prohens han reclamado que el texto sea retirado o, en caso contrario, será sometido a “numerosas modificaciones”, en palabras del propio Sagreras.
El texto reglamentario, que no da prioridad literal al español y se refiere genéricamente a las dos lenguas oficiales, establece que las administraciones públicas deberán estar obligadas a utilizar con los ciudadanos la lengua cooficial que deseen en sus trámites.
También contempla facultades sancionadoras (con multas de hasta 100.000 euros por la vulneración de derechos lingüísticos “de mala fe”) y otorga a la oficina la facultad de investigar de oficio y de recabar información de forma confidencial. Además, incluye un preámbulo donde denuncia la influencia de la normativa “pancatalana” aprobada en pasadas legislaturas en las Islas.
El proyecto legislativo ha provocado una airada reacción en las filas de la oposición. El PSOE (que durante su último mandato al frente del Gobierno mantuvo una oficina para velar por el catalán) la ha calificado de norma “inquisitorial” en materia lingüística, mientras que los nacionalistas la califican como “el mayor ataque a la lengua catalana en 40 años.” años”.
De momento Vox no se ha pronunciado y mantiene su intención de mantener su proyecto de ley ante el Parlament Balear sin modificarlo.