Karelly (36) y Marcela (34) son madres de dos de los jvenes que han sufrido abusos en el Centro de Menores de Ateca, población zaragozana de 1.700 habitantes. Ambas han denunciado al centro por supuestos delitos de lesiones, torturas, agresin sexual y corrupcin de menores que cuatro trabajadores de la instalacin habran cometido sobre sus hijos desde que estos ingresaron en ella.
“Mi hijo me cont que le torturaban, le amenazaban, le dejaban sin engullir y le golpeaban agresivamente en la espalda, brazos y cara”, declara Karelly. A causa de tales palizas “ha dejado de notar la pierna derecha”, remata. Por otro banda, Marcela confirma que a su hija “le partieron un diente, le hicieron una herida en la espalda al tirarle por las escaleras y le partieron el tobillo por una contencin mal realizada. Adems, le apagaban cigarros en los brazos y las piernas“.
La jueza del audiencia de Instruccin n2 de Calatayud, que trabaja en el caso, ha confirmado que los menores detallaron “de forma clara episodios de maltrato fsico y psicolgico, as como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo, de cuya existencia era conocedor el detenido (en narración al director)”. Este y cuatro empleados del centro se encuentran en prisin sin fianza.
Continuando con su declaracin, una de las madres ha confirmado a EL MUNDO que “los tcnicos abusaban sexualmente de varios menores del centro obligndoles a realizarles masturbaciones y les grababan mientras les golpeaban en la ducha”. Adems, a uno de sus hijos, “lo llegaron a colgar dejndole marcas en el cuello”.
Todo comenz a destaparse cuando una de las madres pudo ir a ver a su descendiente al centro. Fue en ese momento cuando el pequeño le ense los rastros de los abusos. La raíz le hizo varias fotografas y present una denuncia en la Pareja Civil, la Fiscala de Menores y Polica Doméstico. “Luchamos por todos los nios que han pasado por all y por encerrar a todos los ex trabajadores de ese centro. No todos los culpables estn entre rejas“, asevera Marcela.
Los menores estaban internos en el centro porque “no iban al instituto o llegaban tarde a casa, pero no tenan ningn antecedente”. Las dos madres, tanto Karelly como Marcela acudieron al Instituto Aragons de Servicios Sociales (IASS), del que dependa el centro de menores, a solicitar ayuda. All, les dijeron “que ese centro era de los mejores de la zona y que trabajaban psiclogos y psiquiatras”, relatan.
El Clan Lagunduz era el encargado de las contrataciones de los tcnicos del centro y, el director, perteneca a dicha Fundacin. Este lunes, el IASS ha recordado a travs de un comunicado que “en los expedientes administrativos que rigen los acuerdos de prestacin de servicios con entidades sociales, stas deben hacer constar la declaracin jurada de la cualificacin del personal que trabaja en ellas, una condicin que tambin deben cumplir los centros de menores de la Comunidad Autnoma. Acreditar esa cualificacin es obligatorio, si aceptablemente la colegiacin para cultivar en ese mbito no lo es en Aragn”.
Una de las madres asegura que cuando le confes al IASS sus sospechas sobre “que los tcnicos pegaban” a su hijo, le respondieron dicindole “que no era la polica para investigar”.
Las testigos han confirmado a este peridico que, bajo su opinin, “el IASS conoca los abusos que los tcnicos cometan en el Centro de Menores de Ateca”. Las sospechas llegaron despus de que le dijeran a una de ellas que si quera recuperar a su hijo, “retirara las quejas y las denuncias que habón interpuesto desde haca un ao”.
La Consejera de Bienestar Social y Clan del Gobierno de Aragn, Carmen Susn, y la Equidad de Aragn, Concepcin Gimeno, han mantenido una conversacin telefnica en la que han abordado la situacin y el estado de los menores reubicados tras el cerrojo del centro de Ateca. Ambas instituciones han mostrado su plena disposicin a colaborar con la investigacin en curso y comparten el objetivo de respaldar el bienestar y la seguridad de los menores que permanecen bajo la patrulla y custodia de la Diputacin Universal de Aragn (DGA). Por otro banda, el Defensor del Pueblo, ngel Gabilondo, se ha puesto en contacto con Equidad de Aragn, que va a desobstruir un expediente al respecto, solicitando explicaciones e iniciando las investigaciones pertinentes.
El ejecutor aragons est trabajando en esclarecer los hechos. El principal objetivo de la autonoma es “respaldar el bienestar y la seguridad y reubicar a los menores tutelados por la DGA a razn del cerrojo del centro de Ateca.