La titular del Supremo de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha rechazado el expediente que interpuso el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez Pérez-Castejón contra su osadía de obtener y analizar toda su cuenta de correo corporativo en la Diputación de Badajoz y ha confirmado esta diligencia por entender que es «absolutamente idónea para los fines pretendidos» y «el plazo temporal contemplado», desde su ataque al puesto en el Conservatorio y hasta la presente, «está justificado».
Profundiza así en esta segmento de investigación bajo sospecha de tráfico de influencias la instructora, que se ha tenido que retornar a dirigir a la Diputación de Badajoz porque les solicitó información hace un mes y aún no han contestado. Les requiere, en concreto, «la término exacta» en que el hermano del presidente del Gobierno fue enclavado en un «nuevo despacho, sito en la Plaza de España» donde se desempeña en la presente, noticia que ya le pidió hace un mes en una providencia a la que el organismo manifiesto no ha contestado. Deben contestar «a la viejo brevedad».
La togado investiga delitos de tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, prevaricación y otros en la causa que abrió tras cobijar a trámite una querella impulsada por el abogado de Manos Limpias José María Bueno. Acusaban al hermano de Pedro Sánchez de esconder su residencia fiscal para eludir impuestos, acaecer accedido a un empleo manifiesto de la Diputación de Badajoz por influencias y estar cobrando su salario sin pisar su puesto de trabajo. Tanto David Sánchez como el presidente de la Diputación, Miguel Atractivo Gallardo, y un trabajador de este organismo están imputados.
Pero la UCO, profundizando en la creación del puesto de trabajo para el hermano de Pedro Sánchez, señaló otros nombres que se verían afectados por el prospección de los correos. Uno de ellos es el de Antonio Porra, que dirigió un escrito a la togado para advertirle de que desde marzo, es diputado de la Asamblea de Extremadura. Pedía que se retirasen de la causa todos los correos en los que él fuese emisor o destinatario donado que la togado «no ostenta la competencia objetiva» para investigar a un aforado.
La instructora le ha respondido que «si aceptablemente es cierto que para el conocimiento de los hechos delictivos que pudieran atribuirse a dicho aforado sería competente el Tribunal Superior de Jurisprudencia de Extremadura», para ello haría error «un nivel de indicios cualificado» al que la investigación todavía no ha llegado. Le emplaza a personarse en la causa si quiere tener conocimiento de las actuaciones y para «la defensa de los derechos que legalmente le corresponden».
Sin indicios de delitos fiscales
Pero una de las mayores novedades en el sumario de esta causa es la incorporación del primer noticia de la Agencia Tributaria sobre David Sánchez Pérez-Castejón. La instructora quería discernir cuál es la residencia fiscal del hermano del presidente, un prospección de su situación patrimonial y de los posibles ilícitos fiscales por los que fue denunciado. Los agentes analizan los datos de sus propias bases y arrojan conclusiones advirtiendo de que lo son exclusivamente en cojín a los mismos, a error de más indagaciones. Con esta premisa, la conclusión es exculpatoria.
En cuanto a la residencia fiscal, los inspectores la sitúan en Portugal considerando, entre otros datos, que desde julio de 2020 no tiene «ningún» pacto de suministros en España, que constan los certificados de residencia en Tailandia desde septiembre de 2020 hasta un año luego, facturas de hospedaje en Elvas, Portugal, entre mayo y diciembre de 2022 y la adquisición de un inmueble en el mismo municipio ya en febrero de 2023. Se había inscrito como residente en la Embajada de España en Portugal.
«En conclusión, a la presencia exclusivamente de los historial mencionados, y a los meros bienes de transmisión de este noticia, se puede considerar que don David Sánchez Pérez- Castejón es residente fiscal en Portugal», dice la Agencia Tributaria.
En cuanto a las tributaciones, el noticia concluye a partir de las autoliquidaciones presentadas durante los últimos cinco primaveras que no habría ilícito «incluso si el contribuyente hubiese sido residente en España, condición que con la información arreglado no se cumple».
«Con los datos que obran en poder de la Agencia Tributaria a la término de transmisión de este noticia, teniendo en cuenta las contingencias que pudieran existir si se reordenaran sus rendimientos y retenciones de la forma indicada, y siempre teniendo en cuenta que no se han llevado a lugar actuaciones de comprobación cerca del obligado tributario, no puede deducirse la existencia de indicios de Delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal, sino un posible saldo neto a amparo del contribuyente si las contingencias y hechos analizados se confirmasen«, reza el prospección.
Lección similar en cuanto a su incremento patrimonial. Tras analizar los números, en los que sobresalen 99.000 euros en criptomonedas en 2023, y acciones en BBVA, Redeia Corporación, Telefónica, Enagas y Repsol; y una donación de su padre por precio de 240.000 euros por la que pagó impuesto de donaciones en la Comunidad de Madrid, Hacienda concluye que el crecimiento de 2023 «se justifica con los ingresos obtenidos en ese mismo entrenamiento, que ascienden a 306.129 euros.
De nuevo, sirviéndose de la información que él ha ostensible en las autoliquidaciones y de los datos obrantes en las bases de Hacienda, porque «no es posible, sin transigir a lugar actuaciones de comprobación, catalogar la naturaleza de operaciones» como las realizadas en el año 2021, cuando realizó pagos por precio superior a 69.072 euros y retirada de efectivo con una polímero de crédito «en la que figura como competente y está vinculada a una cuenta corriente titularidad» de su padre.