Estas palabras son de Ramón Porto, uno de los 250 trabajadores de Irosa y Samaca, sindicalista del CIG y presidente del comité de empresa de Irosa. Las dijo en Viloira, al finalizar una manifestación que, según las fuerzas de seguridad, reunió a 3.500 Valdeorreses para corear “Irosa no cierra”, en apoyo a la plantilla.
Cuatro días antes, una orden judicial cerró las oficinas y el almacén de Samaca, impidiendo a los trabajadores detener más instalaciones, donde continúa la producción. El desalojo se llevó a cabo a pesar de la existencia de un acto de expropiación del terreno. Pero el conflicto comenzó en 2014, cuando las empresas y la Comunidad de Montes de Portela y Trigal no llegaron a un acuerdo sobre el arrendamiento de los terrenos.
A la manifestación asistieron alcaldes y representantes de las fuerzas políticas, empresariales y sindicales de la región y la provincia. “Valdeorras está muy preocupado por la situación laboral de los trabajadores. Es un orgullo que todo Valdeorras apoye a los trabajadores de Carballeda”, afirmó María del Carmen González, alcaldesa del municipio donde están ubicadas las empresas. “Un problema jurídico privado de esta naturaleza no puede prevalecer por la actividad de las empresas y creemos que hay que buscarle una solución”, comentó el diputado popular Celso Delgado.
“Entendemos que tienen que buscar una buena solución para todos”, comentó David Martínez, tesorero de la Confederación Empresarial de Ourense. “Se ha visto que la gente estaba muy sensible con el problema de los trabajadores, que están en una situación complicada”, afirmó Araceli Fernández, presidenta de la Asociación Empresarial de Valdeorras.
El coordinador del CIG de Valdeorres, Francisco Moral, fue enfático: “No hay solución, o no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.y Justo Fernández, secretario general de Industria de Ourense-Valdeorras, propuso “que la clase trabajadora no pague las consecuencias de un malentendido entre empresarios y concesionarios”.
A su turno, Sara Buitrago, vecina de Trigal (donde están los almacenes), generó fuerte malestar al afirmar que la directiva de la Comunidad de Montes de Portela y Trigal, “formada exclusivamente por la familia del señor Odilo Fernández”, admitió la del jueves al abogado “José Antonio Iglesias y Bienvenido Domínguez” como comunitarios “sin cumplir ninguna de las condiciones que marca la ley para solicitar y obtener dicha condición”. Fuentes comunitarias respondieron que el vecino “no es representante legítimo de nada”.