Nuevos cálculos para interpretar el acuerdo aprehendido entre PSC y ERC para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. La Fundación de Estudios de Crematística Aplicada (Fedea) calcula que el concierto crematístico catalán podría suponer que la caja global del Estado traspasase de forma anual a la Hacienda catalana entre 6.600 y 13.200 millones de euros.
Este noticia se hace en saco a la información que ha trascendido, a la paciencia de concretar los detalles y según lo que se expone en sus cuentas la Generalitat incrementaría la financiación homogénea entre un 25% y un 50%.
“Puesto que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por natural concorde de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen global), la medida la situaría, otras cosas iguales, claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral” .
Fedea gancho además una advertencia y es que avisan de que el pasta que se vaya a destinar a mejorar la financiación de cualquier comunidad “tendrá que salir de algún sitio“. Entran en repertorio varias variables entonces, pero si se pone como premisa que ningún condado pierda financiación entonces Fedea defiende que el Estado tendrá que ceñir su compra reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar la presión fiscal sobre la población que siga sujeta a sus tributos.
Por ejemplo, si el Estado decide subir el IRPF, para compensar tendría que aumentar en un 29,5% la colecta del tramo estatal de este tributo entre las autonomías que sigan perteneciendo a la caja global. Si se decanta por otra opción cmo aceptar la caída de ingresos y esta se traslada a la financiación del resto del condado hablaríamos, según Fedea, de una reducción de un 10,7% en promedio.
Encima Fedea insiste en que el problema se agravaría si este acuerdo se extendiese a otros territorios como Madrid y Baleares, que son además dos regiones contribuyentes netas al Sistema de Financiación Autonómica.
Fedea calcula que la pérdida del Estado sería entonces de 37.500 millones de euros adicionales en ingresos tributarios y si los correspondientes cupos se negociasen con criterios similares a los que quieren imponer los nacionalistas catalanes entonces los ingresos caerían en picado.
Extender la medida al resto de las comunidades, costaría según Fedea entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales.
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