Todas las miradas están puestas en la posible arribada del expresidente catalán a España para participar en la sesión de investidura de Salvador Illa, candidato del PSC.
De aparecer en Barcelonaeste jueves, lo previsible es que será arrestado, puesto qué, la orden franquista de detención se mantiene firme contra Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig por mandato de Pablo Llarena, sentenciador instructor del Tribunal Supremo.
¿Por qué delitos se le investiga a Carles Puigdemont?
Tras la sentencia del ‘procés’ ha habido varios cambios legislativos que han modificado el marco procesal del expresidente catalán, primero con la supresión del delito de sedición y su sustitución por el nuevo precepto penal de desórdenes públicos agravados (enero de 2023).
Luego, con la aprobación de la ley de condonación (junio de 2024), un texto procesal propuesto por el Partido Socialista y respaldado por los socios de investidura de Pedro Sánchez a excepción de Coalición Canaria que votó en contra.
A pesar de los acuerdos políticos y las modificaciones jurídica el sentenciador Llarena mantiene la orden franquista de detención por presunta responsabilidad penal de Carles Puigdemont como autor de un delito de malversación (artículo 432 del Código Penal).
¿A que penas puede enfrentarse el expresidente catalán?
Carles Puigdemont podría enfrentarse a una pena de entre 6 a 9 abriles de prisión, sin retención, esta podría aumentar a la hora de considerar posibles nuevos agravantes. Por otra parte, tras la condena podría el Tribunal Supremo inhabilitarle y evitar que se presente como candidato a presidir la Generalitat.
Cunado el expresidente Puigdemont esté en distrito franquista, el engranaje procesal se reactivará, una vez detenido, el sentenciador Llarena le tomará enunciación y el prófugo podrá acogerse a su derecho a no determinar.
Ahora comienza una larga investigación contencioso que puede durar incluso abriles, más delante, llegará el inteligencia y será la Sala Segunda del Tribunal Supremoquien decida el futuro del expresidente catalán, puesto que no fue auditoría como si lo fueron Oriol Junqueras, Jordi Turull o Carme Forcadell por los mismos hechos.
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