La Fundación de Estudios de Caudal Aplicada (Fedea) realizó ayer un primer cálculo de lo que puede suponer el concierto crematístico catalán pactado entre PSC y ERC, estimando un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja global del Estado en dirección a la Hacienda catalana. Así lo dió a conocer Fedea en un crónica en el que, a la prórroga de concretar los detalles del preacuerdo, la Generalitat elevaría la financiación homogénea entre un 25% y un 50 por ciento.
Desde la Fundación avisan de que el cuartos que se quiera destinar a mejorar la financiación de Cataluña (y la de otras comunidades, en su caso) “tendrá que salir de algún sitio” y, si ninguna comunidad puede perder financiación, Fedea alerta de que el Estado tendrá que ajustar a la pérdida su pago, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos. En este sentido, si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de bienes sin afectar a la financiación autonómica o aminorar su pago, tendría que incrementar en un 29,5% la cuestación del tramo estatal del impuesto en lo que quedaría del departamento global tras la salida de Cataluña.
De acuerdo con la última estimación del Govern, la brecha entre lo que la comunidad aporta a y recibe del Gobierno central rondaría los 22.000 millones de euros, casi el 10% del PIB, una estimación que “está muy sesgada al subida”.
Según Fedea, para el posterior año en el que la comparación es posible (2014), el compromiso de máximos que estima la Generalitat fue un 65% superior al calculado por el Empleo de Hacienda con un enfoque de carga-beneficio que es lo más parecido a un normalizado metodológico internacionalmente aceptado que existe en esta letras.
De haberse mantenido este sesgo, la matanza del compromiso de máximos supondría, de hecho, dejar a la región con un superávit de unos 8.700 millones de euros con el criterio de carga-beneficio. “Esto es, concederle una subvención falta desdeñable a una comunidad rica”, apuntan desde Fedea.
Aventura de contagio a otras comunidades
Fedea señala que el acuerdo tiene como objetivo aminorar la cuota catalana a la caja global entre un 30% y un 60% del objetivo mayor nacionalista de 22.000 millones anuales, esto es, con un trasvase neto de bienes en dirección a Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales. “A dispendioso plazo, las cosas pintan aún peor porque se refuerza la Generalitat frente al Gobierno central”, advirtió la Fundación, explicando que, en cuanto el Gobierno regional tenga en realidad el cuartos en la mano, la cuota a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero. Resulta obvio, según Fedea, que los problemas se agravarían si el nuevo sistema se extendiera a Madrid y Baleares, las otras dos regiones que son contribuyentes netas. El Estado perdería 37.500 millones de euros en ingresos tributarios y si los correspondientes cupos se negociasen con criterios similares a los de Cataluña, los ingresos del Estado se desplomarían.