La Fiscalía de Bolivia ha imputado a tres sacerdotes jesuitas, uno de ellos castellano, por poseer encubierto al fallecido cura valenciano Alejandro Mestre Descals, tras cometer un caso de pederastia cuando ocupaba el cargo de miltrado en la caudal de La Paz, en el 1961. Los imputados son el cura Ignacio Suñol Rompehuelgas, nacido en Barcelona, y los bolivianos Osvaldo Armando Chirveches y Bernando Arrogante Mercado Vargas.
Con motivo de la imputación, el Servicio Conocido ha solicitado varias medidas cautelares, incluida la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria o la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima.
El miltrado violó al beocio dos veces, por lo menos
El delito cometido por Mestre tuvo circunstancia cuando “cumplía funciones adentro de un establecimiento educativo”, según ha indicado el fiscal universal, Juan Lanchipa. De este modo, logró advertir al beocio de momento y pasarse de él en al menos dos ocasiones. Desde entonces, los acusados habrían “guardado silencio” y encubierto lo sucedido, pese a ser conocedores del delito de su compañero.
Pese a que la víctima permaneció callada en el momento, primaveras más tardes denunció el caso en presencia de los sacerdotes. El primero en conocer el delito fue Chirveches, quien remitió el caso a Suñol, el superior provincia de la encomienda por aquel entonces. El cura de origen catalán inició una investigación interna, dirigida por Chirveches, pero esta quedó cerrada tras la ratificación de Mercado. Posteriormente de revisar los referencias internamente, nadie remitió el caso a la Honestidad boliviana.
La investigación se inició tras conocerse otro caso de pederastia en la institución
La Fiscalía de Bolivia comenzó la investigación por los delitos del arzobismo Mestre a raíz de que el publicación El País difundiera el diario personal del jesuita castellano Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, que cometió al menos 85 abusos contra menores en las décadas de 1970 y 1980.
Luego, Los Jesuitas conformaron una comisión investigadora acompañada por el delegado de Ambientes Sanos y Seguros y dos profesionales externos. De esta modo, recabaron documentos que entregaron a la Fiscalía y al Vaticano, los cuales señalan que “al poseer fallecido Mestre en 1988 no era posible admitir delante un proceso canónico en su contra”.
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